Esta cifra posiciona a la capital antioqueña como uno de los epicentros de la inversión inmobiliaria global en el territorio nacional, abriendo de nuevo el análisis técnico sobre las dinámicas de ocupación y los precios del suelo urbano.
Medellín – 20 de Mayo de 2026. Durante el Congreso Camacol Verde 2026, el gremio analizó el impacto de las remesas en la compra de finca raíz, las señales de desaceleración sectorial y el cumplimiento anticipado de las metas de construcción sostenible en el país.
El mercado inmobiliario en Colombia atraviesa un proceso de transformación estructural impulsado por la demanda internacional y la canalización de capitales desde el exterior. Durante la instalación del Congreso Camacol Verde 2026, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reveló que el 14 % de las unidades de vivienda nueva comercializadas en Medellín y el departamento de Antioquia fueron adquiridas por ciudadanos extranjeros no residentes o por colombianos que habitan en el exterior. Esta cifra posiciona a la capital antioqueña como uno de los epicentros de la inversión inmobiliaria global en el territorio nacional, abriendo de nuevo el análisis técnico sobre las dinámicas de ocupación y los precios del suelo urbano.
El informe de coyuntura, presentado por el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, indica que la participación de compradores internacionales no se restringe a la región antioqueña. En el agregado nacional, aproximadamente el 10 % de las unidades habitacionales transadas durante el último año se destinaron a no residentes. Este comportamiento se agudiza en nodos turísticos e industriales clave: en ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta, la participación de este perfil de comprador alcanza el 20 %, mientras que en la región del Eje Cafetero la cifra escala hasta el 25 % del total de las ventas inmobiliarias.
Remesas y nuevos modelos de negocio habitacional
Desde la perspectiva gremial, la concentración de la demanda externa representa una oportunidad estratégica para profundizar la internacionalización de la vivienda mediante el aprovechamiento de los flujos de remesas que ingresan al país. Herrera enfatizó la necesidad de estructurar mecanismos financieros que faciliten la conversión de estos recursos corrientes en activos inmobiliarios estables, lo que permitiría diversificar las fuentes de financiación para los desarrolladores locales.
Ante el debate persistente sobre si la presión de la demanda externa correlaciona positivamente con fenómenos de gentrificación y el desplazamiento del comprador local de ingresos medios, Camacol propuso reconfigurar la oferta y la política de incentivos macroeconómicos. Entre las propuestas planteadas destaca la urgencia de restituir los beneficios tributarios asociados a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), con el objetivo de estimular el ahorro doméstico programado.
Asimismo, el gremio instó a la implementación de marcos regulatorios que viabilicen el desarrollo de plataformas de vivienda en arrendamiento especializado —institucionalizado bajo el modelo de multifamily—, emulando los esquemas operativos y de titulación que operan formalmente en mercados de la región como Chile y México.
Señales de desaceleración tras el repunte operativo
A pesar de la solidez en el segmento de no residentes, el balance macroeconómico del sector constructor emite señales de alerta respecto a su dinamismo interno. Los registros históricos de Camacol muestran que el año 2025 concluyó con una trayectoria positiva, anotando un incremento del 12 % en la comercialización general de vivienda. Sin embargo, la tendencia experimentó una inflexión durante el primer cuatrimestre de 2026.
Entre enero y abril de 2026, las ventas de vivienda nueva registraron una contracción del 5,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el análisis técnico del gremio, este retroceso responde directamente a dos variables macroeconómicas: el incremento sostenido en los costos de los insumos de construcción y una persistente incertidumbre regulatoria que ha enfriado el inicio de nuevos proyectos de inversión a gran escala.
Cumplimiento anticipado de la agenda de sostenibilidad
En el componente de edificación sostenible, el sector constructor colombiano reportó un hito normativo y de mercado. Durante las sesiones del Congreso, se constató que a lo largo de 2025 uno de cada dos hogares entregados a los usuarios finales contó con una certificación formal de sostenibilidad ambiental.
Este indicador implica el cumplimiento de las metas sectoriales de descarbonización y eficiencia de recursos con una antelación de cinco años respecto a la proyección corporativa original, la cual estaba fijada estructuralmente para el año 2030. Este avance mitiga los costos operativos futuros de los inmuebles mediante ahorros en consumo de agua y energía, consolidando un portafolio de activos verdes atractivo para la banca multilateral y los fondos de inversión internacionales.
