Bogotá, 19 de mayo de 2026. El panorama de seguridad energética del país ha ingresado en una fase de vulnerabilidad crítica de cara al segundo semestre del año. En concreto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un pronóstico institucional que descarta un evento climático moderado. La entidad estima un 82% de probabilidad de consolidación de un fenómeno de El Niño «fuerte» o «muy fuerte» entre junio y agosto. Por lo tanto, el sector eléctrico colombiano deberá afrontar este escenario bajo condiciones de alto estrés operativo.
La tormenta perfecta de la matriz de generación
Por un lado, los niveles agregados de los embalses nacionales se sitúan actualmente en un moderado 64%. Por otro lado, el operador del mercado eléctrico mayorista (XM) trazó una senda de referencia mínima que exige guardar agua para llegar a diciembre por encima del 80%. En consecuencia, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advirtió que el país se encuentra ante una «tormenta perfecta».
Para preservar las reservas hídricas, el gremio solicitó encender las plantas térmicas de combustión de manera inmediata. Específicamente, la generación térmica aporta normalmente el 30% de la matriz, pero requerirá escalar hasta el 50% para compensar la sequía. No obstante, el principal obstáculo radica en la baja disponibilidad de gas nacional. Las térmicas deberán operar utilizando gas importado, un insumo sustancialmente más costoso que presionará al alza los precios de cotización en la bolsa de energía.
Proyectos rezagados y descalce técnico
Por otra parte, la oferta de energía firme no ha crecido al mismo ritmo que el consumo de los hogares y las industrias. Los datos sectoriales confirman que el déficit energético Colombia 2026 se ubica en un -2,3% para el presente año. Asimismo, las proyecciones técnicas de XM estiman que el faltante de electricidad continuará expandiéndose a niveles del -4,4% en 2027 y hasta un -6,8% para 2030.
Esta brecha estructural responde directamente al retraso crónico en la entrada de nuevos proyectos de generación y líneas de transmisión. Por ejemplo, durante 2025 ingresó apenas el 10,8% de la capacidad energética que el mercado esperaba recibir. El balance en lo corrido de este año es aún más diciente. De los 4.475 megavatios proyectados por los desarrolladores, solo ha entrado en operación comercial un rezagado 6,3%.
Impacto en tarifas y crisis de liquidez financiera
Al respecto, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, aclaró que el impacto tarifario final estará segmentado por el tipo de comercializador. La gran mayoría de los usuarios residenciales e industriales cuenta con coberturas mediante contratos de suministro de largo plazo. De este modo, el incremento del precio en bolsa no debería golpear más del 9% del valor total de la factura mensual de energía.
Sin embargo, los mercados que carecen de contratos de protección de precios sufrirán un impacto severo inmediatista. El caso más crítico corresponde a la empresa intervenida Air-e, prestadora del servicio para 1,3 millones de usuarios en el Caribe. Adicionalmente, el sector afronta un grave problema de flujo de caja que debilita su capacidad de respuesta operativa ante contingencias hídricas.
En efecto, el Gobierno nacional adeuda cerca de COP 9 billones de pesos a las empresas comercializadoras por conceptos de subsidios y saldos acumulados. De ese monto global, Air-e adeuda por sí sola unos 2,5 billones de pesos a las compañías generadoras. Sin esta liquidez de capital, las plantas tendrán dificultades comerciales para adquirir los volúmenes requeridos de combustible importado.
El millonario costo económico del apagón
Por consiguiente, la interconexión con Ecuador tampoco representará un alivio técnico, pues el país vecino arrastra sus propios racionamientos. El costo de postergar las decisiones logísticas y regulatorias de choque podría pasarle una factura impagable al aparato productivo colombiano.
Finalmente, un estudio del centro de pensamiento Fedesarrollo calculó que un eventual racionamiento le costaría al país 1,7 puntos del PIB. En resumen, cada hora de corte o apagón destruiría valor por COP 250.000 millones de pesos, una cifra alarmante si se considera que Colombia acaba de romper su récord histórico de demanda eléctrica.
