Esta afectación financiera golpeó los balances internos de EPM y no a la Sociedad Hidroituango. Debido a que la empresa de servicios públicos no es un sujeto directo de control para el ente seccional, la entidad trasladó hallazgos a la Contraloría Distrital de Medellín.
Medellín -23 de Junio de 2026. El desarrollo del megaproyecto energético más importante del país vuelve a quedar en el centro del debate fiscal. En primer lugar, la Contraloría General de Antioquia entregó este lunes los resultados de una rigurosa auditoría especial de fiscalización. El ente de control concluyó de manera preliminar que el cambio de contratistas en Hidroituango, gestionado durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle, le habría costado una millonaria suma a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Por consiguiente, se abrió una nueva e importante vertiente de investigación institucional en la región.
De acuerdo con el reporte oficial, el posible detrimento patrimonial asciende exactamente a la cifra de $108.585 millones. Sin embargo, el contralor departamental, Juan Carlos Herrera Toro, precisó que esta afectación financiera golpeó los balances internos de EPM y no a la Sociedad Hidroituango. Debido a que la empresa de servicios públicos no es un sujeto directo de control para el ente seccional, la entidad trasladó formalmente estos hallazgos a la Contraloría Distrital de Medellín. Por lo tanto, corresponderá a esa seccional urbana asumir las pesquisas del caso.
Falencias de planeación y una millonaria adición presupuestal bajo la lupa
Por un lado, el origen de la indagación fiscal se remonta a febrero de 2026. En esa fecha, el organismo de control antioqueño inició las pesquisas tras una solicitud formal radicada por la abogada Gloria Jaramillo. Las alarmas institucionales se encendieron de forma inmediata al revisar las actas de las obras finales de la central generadora. De manera específica, los investigadores detectaron que el presupuesto estimado para poner en marcha las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 pasó de un estimado inicial de $410.000 millones a casi $900.000 millones.
Por otro lado, la Contraloría departamental determinó que este incremento presupuestal ocurrió sin que existiera una variación proporcional en el alcance técnico de las obras. En consecuencia, el ente fiscalizador advirtió una presunta vulneración al principio general de planeación. Los mayores costos terminaron reflejándose en valores adjudicados sustancialmente más altos frente a los presupuestos de referencia de la compañía. Así mismo, la decisión de retirar a los constructores originales —el consorcio conformado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa— e introducir a una firma china se ejecutó desoyendo las advertencias técnicas de diversos analistas del sector energético colombiano.
Omisiones financieras y los otros dos hallazgos administrativos
Además de la afectación monetaria a las arcas de EPM, la Contraloría de Antioquia notificó la existencia de dos fallas administrativas adicionales en la Sociedad Hidroituango. A pesar de que estas irregularidades no conllevan sanciones fiscales directas en este momento, las dependencias deberán implementar planes obligatorios de mejoramiento inmediato:
- Oportunidad Procesal Perdida: Se documentó una inacción jurídica entre los años 2022 y 2023 para iniciar reclamaciones judiciales derivadas del contrato tipo Boomt suscrito con EPM.
- Falta de Actualización del Modelo: El ente de control reportó una presunta omisión técnica en la actualización del modelo financiero de la sociedad comercial durante el primer trimestre de 2026.
- Trazabilidad en Riesgo: Expertos del sector reiteraron que el relevo abrupto de firmas constructoras elevó los plazos de entrega y afectó la memoria técnica de los trabajos realizados tras la contingencia del año 2018.
Balance Fiscal: Actuación Especial sobre Hidroituango (Junio 2026)
| Unidad de Análisis / Decisión | Cuantía del Presunto Detrimento | Causa Raíz Evaluada por el Ente | Estado Actual de la Investigación | Entidad Responsable de la Competencia |
| Obras Finales (Unidades 5 a 8) | $108.585 millones en pérdidas. | Vulneración severa del principio de planeación. | Hallazgo trasladado de forma oficial. | Contraloría Distrital de Medellín. |
| Presupuesto Adjudicado | Incremento de $410.000 millones a $900.000 millones. | Cambio de firmas constructoras tradicionales. | Actuación especial de fiscalización cerrada. | Alta dirección de EPM de la era Quintero. |
| Sociedad Hidroituango | Sin afectación patrimonial directa. | Omisión en actualización de modelo financiero en 2026. | Dos hallazgos administrativos en mejora. | Junta directiva y gerencia del proyecto. |
¿Cómo impacta la inestabilidad de megaproyectos a las Pymes del sector ingeniería?
Sin duda, los giros drásticos en las decisiones contractuales de grandes obras de infraestructura tienen un efecto dominó perjudicial sobre las pymes de ingeniería, interventoría y proveeduría de servicios técnicos. Cuando se interrumpe un contrato matriz para dar paso a un nuevo operador internacional, decenas de pequeñas empresas subcontratistas locales sufren parálisis en sus facturaciones. Por lo tanto, el incremento de los presupuestos y la extensión de los plazos de entrega en centrales como Hidroituango terminan congelando los flujos de caja de las pymes de la región de Antioquia. Así mismo, el ecosistema empresarial de la construcción debe blindar sus contratos mediante pólizas de cumplimiento estrictas. Efectivamente, la volatilidad en las decisiones de la alta dirección pública representa un riesgo reputacional y operativo directo para el tejido corporativo mediano.
Para concluir, los resultados de la auditoría frente al cambio de contratistas en Hidroituango exponen las profundas consecuencias financieras de priorizar las directrices políticas por encima de las recomendaciones técnicas de planeación. Evidentemente, el traslado del expediente a la Contraloría de Medellín pondrá a prueba la efectividad de las instituciones locales para deslindar las responsabilidades fiscales de la pasada administración de la ciudad. En conclusión, el megaproyecto energético sigue costándole altas sumas de dinero a la principal empresa pública de los antioqueños. Por consiguiente, el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento financiero en el segundo semestre de 2026 será vital para proteger los recursos públicos remanentes.
