Debate en el Congreso por baja inversión en la vía Medellín – Bogotá. Invías pignorará peajes a 20 años para financiar obras.
BOGOTÁ — 23 de abril de 2026. Un intenso debate de control político en el Congreso de la República puso bajo la lupa la administración de uno de los corredores viales más estratégicos del país. A propósito de las cifras reveladas por el Invías, se confirmó que el tramo Santuario – Caño Alegre recauda anualmente cerca de $140.000 millones a través de sus dos peajes; sin embargo, para este 2026, la inversión programada es de apenas $30.000 millones. Este resultado se traduce en un malestar profundo entre los congresistas y sectores productivos, quienes cuestionan la falta de proporcionalidad entre lo que pagan los usuarios y el mantenimiento de la vía.
El Gobierno Nacional defendió su modelo de gestión, argumentando que los excedentes del recaudo son necesarios para financiar corredores sociales no concesionados, como la conexión Medellín – Quibdó. Bajo este escenario, el Ejecutivo anunció un ambicioso plan financiero para rescatar la infraestructura de esta «megavía» mediante la pignoración de flujos futuros.
La estrategia financiera: Pignoración y el Fondo FIP
Ante la insuficiencia de recursos presupuestales directos, el Invías busca implementar un modelo de deuda para acelerar las obras. Para empezar, el director Juan Guillermo Jiménez explicó que el mecanismo permitirá «traer a valor presente» el recaudo proyectado. Posteriormente, se detallaron los pilares del nuevo esquema:
- Pignoración a 20 Años: Se comprometerá el recaudo de los próximos dos decenios para tomar deuda en el corto plazo y ejecutar inversiones inmediatas.
- Fondo FIP: Los recursos serán administrados por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago, con la participación de Hacienda, Planeación y Transporte.
- Meta de Inversión: El objetivo es anticipar flujos por $100.000 millones para este corredor y otras vías críticas en Antioquia.
El estado de la APP: De «Ruta del Agua» a «Vías del Altiplano»
La solución definitiva para la doble calzada de este tramo sigue dependiendo de la viabilidad de una iniciativa privada. En particular, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, dio claridad sobre el estado actual de los procesos. Cabe subrayar que:
- Vías del Altiplano: Es la iniciativa privada actual que se encuentra en etapa de factibilidad, evaluando especificaciones técnicas, legales y ambientales.
- Antecedentes: El proyecto previo, denominado «Ruta del Agua», fue rechazado por no cumplir con los requisitos de ley.
- Incertidumbre en Tiempos: Mientras la ANI termina los estudios de factibilidad, el Invías seguirá operando el corredor bajo el modelo de administración directa.
Perspectivas: El dilema de la redistribución vial
En resumidas cuentas, la situación de la vía Santuario – Caño Alegre reabre el debate sobre si los peajes deben ser «territorializados» o si deben seguir alimentando un fondo común nacional. Finalmente, el éxito de la pignoración del recaudo será determinante para evitar que el corredor siga sufriendo un deterioro progresivo ante el alto flujo de carga.
La conectividad entre las dos principales ciudades del país no puede depender de saldos marginales; requiere una estructura de financiación que garantice que el 100% de la vía cumpla con estándares de competitividad internacional.
