El fallo se fundamenta en la incautación ilegal de refinerías, estaciones de servicio y terminales marítimas ocurrida hace casi siete décadas, tras el ascenso de Fidel Castro al poder.
Estados Unidos -25 de Junio de 2026. El panorama legal para los capitales y las corporaciones estatales controladas por regímenes extranjeros dio un giro drástico en los tribunales norteamericanos. Este martes 23 de junio de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. autorizó a la multinacional Exxon Mobil Corporation a avanzar con una multimillonaria demanda contra las compañías petroleras estatales de Cuba. En efecto, el fallo se fundamenta en la incautación ilegal de refinerías, estaciones de servicio y terminales marítimas ocurrida hace casi siete décadas, tras el ascenso de Fidel Castro al poder.
Por un lado, la decisión judicial debilita el principio de inmunidad soberana de las empresas que operan bajo el amparo de la isla caribeña. Por otro lado, el dictamen coincide con la agresiva ofensiva diplomática, judicial y económica que la administración de Donald Trump ejecuta contra La Habana en el segundo trimestre del año. Por lo tanto, la resolución de la Corte Suprema de EE.UU. reabre un litigio histórico que eleva el riesgo político e impacta directamente los planes de comercio exterior en la región.
«Estados Unidos tiene intereses de política exterior imperiosos en garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista reciban una compensación», argumentó el Departamento de Justicia en respaldo a la petrolera.
Un fallo mayoritario: El pulso por cientos de millones de dólares
En primer lugar, la votación del máximo tribunal estadounidense reflejó la actual división ideológica de la corte con un resultado de 6 a 3. El magistrado conservador Brett Kavanaugh redactó la opinión de la mayoría, mientras que el ala progresista de los jueces presentó sus argumentos en desacuerdo. El debate jurídico principal giraba en torno a cómo una ley del Congreso aprobada en 1996 sustituía las normas federales que restringen las demandas civiles contra administraciones o agencias extranjeras en tribunales locales.
En segundo lugar, la reclamación financiera de la multinacional petrolera podría ascender a sumas extraordinarias para las arcas de la isla. Hacia finales de la década de 1950, la Standard Oil Company (antecesora de Exxon Mobil) poseía una refinería, terminales de distribución de crudo y 117 estaciones de servicio en territorio cubano que pasaron a control del Estado. Efectivamente, una comisión de arbitraje estadounidense certificó las pérdidas originales en casi 72 millones de dólares de la época, una cifra que con intereses y penalizaciones del mercado podría traducirse hoy en cientos de millones de dólares.
Cronología y antecedentes del litigio corporativo:
- 1960: Expropiación y nacionalización forzada de los activos de la Standard Oil por el régimen castrista.
- 1996: El Congreso estadounidense aprueba la normativa que faculta el reclamo judicial de bienes confiscados.
- 2026: El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington recibe el revés de la Corte Suprema, reactivando la demanda.
La ofensiva de Washington acorrala los activos comerciales de la isla
Ciertamente, este fallo judicial no es un hecho aislado, sino que forma parte de un endurecimiento sistemático de la política exterior de la Casa Blanca. Durante el último mes, los tribunales autorizaron procesos similares contra las principales empresas de cruceros que operaron en los muelles de La Habana, mientras el Ejecutivo presentaba cargos penales contra Raúl Castro por incidentes de aviación civil que datan de 1996.
Como consecuencia de este escenario de asfixia legal, las pymes internacionales y los operadores comerciales de terceros países enfrentan un dilema normativo. Las empresas mexicanas, europeas o canadienses que mantienen relaciones comerciales con entidades cubanas deben auditar con urgencia sus cadenas de suministro y el origen de sus instalaciones logísticas. Sin embargo, las corporaciones estatales de la isla carecen de herramientas de protección financiera dentro del circuito bancario estadounidense, quedando expuestas a embargos preventivos de activos.
Precedente global y el impacto en los flujos de inversión
Para concluir, la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. establece un precedente complejo para el derecho internacional público y los litigios de propiedad corporativa. Efectivamente, romper el principio general de exención de litigios a gobiernos extranjeros abre la puerta a que otros tribunales del mundo respondan con demandas recíprocas contra activos estadounidenses en el exterior. En última instancia, para el mercado de valores y los inversionistas de infraestructura en América Latina, el caso Exxon ratifica que el riesgo soberano y las decisiones del pasado siguen pesando en las hojas de balance de 2026.
