El Ejército Nacional admite que 2.000 mineros operan ilegalmente junto a base en Caucasia. Alerta por Clan del Golfo y daño ambiental irreversible.
Medellín, 27 de abril de 2026 —La Séptima División del Ejército Nacional reconoció un hecho grave en Antioquia. Más de 2.000 mineros ilegales operan en las inmediaciones del Batallón de Infantería No. 31 Rifles. Esta admisión oficial ocurrió después de una investigación publicada por The New York Times. El reportaje gráfico reveló que el yacimiento de oro funciona a pocos metros del cantón militar.
Por lo tanto, la cercanía de esta actividad ilícita con las tropas genera una fuerte polémica nacional. La institución castrense explicó que el predio afectado se conoce como la finca La Mandinga. Este terreno de 2.000 hectáreas está bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El impacto de la denuncia internacional
La publicación del medio estadounidense forzó una respuesta inmediata de las autoridades. En primer lugar, el comandante local negó inicialmente la operación. Sin embargo, debió retractarse ante las evidencias presentadas por el periodista Federico Ríos. Posteriormente, el Ejército confirmó que entre 2.000 y 2.500 mineros ocupan el lugar sin títulos legales. Además, la investigación vincula esta renta ilegal con las finanzas del Clan del Golfo.
Este oro, presuntamente, termina en mercados internacionales de manera fraudulenta.
Deterioro ambiental y desafíos de seguridad
El daño ecológico en la zona es severo e irreversible. Por consiguiente, el Gobierno Nacional enfrenta un reto mayúsculo en materia de soberanía. El Ejército Nacional reiteró que informó sobre esta ocupación desde el año 2022. No obstante, la actividad extractiva no se ha detenido en todo este tiempo.
En consecuencia, la seguridad perimetral de la base militar de Caucasia está en riesgo constante. La finca colinda directamente con las instalaciones militares, lo cual facilita posibles infiltraciones o ataques.
Hacia la recuperación del territorio
En resumidas cuentas, la transparencia institucional está bajo la lupa de la comunidad internacional. Finalmente, se espera que el Ministerio de Defensa ejecute un plan de intervención integral en el Bajo Cauca.
Por otra parte, la recuperación de este activo del Estado es prioritaria para desarticular economías criminales. La meta inmediata es frenar la degradación ambiental y restaurar el orden público en el municipio de Caucasia.sia obliga a replantear la estrategia de protección de activos estratégicos y la vigilancia de los bienes administrados por el Estado.
