El punto que ha encendido las alarmas de los reguladores es que estas operaciones se realizarían sin la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Bogotá -19 de Junio de 2026. El ecosistema financiero y regulatorio de Colombia se encuentra en el centro de una profunda controversia sectorial. A pocos días de celebrarse la segunda vuelta presidencial, se ha reactivado un álgido debate en torno al borrador de decreto del MinTIC para empresas postales.
El proyecto de normativa, impulsado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, permitiría en la práctica que los operadores de giros postales presten servicios financieros similares a los de la banca tradicional. Sin embargo, el punto que ha encendido las alarmas de los reguladores es que estas operaciones se realizarían sin la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Por consiguiente, grandes firmas del mercado postal como 4-72, Efecty y Supergiros quedarían facultadas para el manejo de recursos públicos y la apertura de cuentas de ahorro equivalentes a las de la banca, pero sin las exigencias patrimoniales ni los rigurosos esquemas de control del sector financiero tradicional. En consecuencia, la junta directiva del Banco de la República intervino de manera formal en la discusión para advertir que la aprobación de este texto elevaría drásticamente la vulnerabilidad macroeconómica del país.
El Banco de la República y los gremios advierten un inminente riesgo de lavado de activos
En primer lugar, los reparos institucionales no provienen exclusivamente de la banca comercial. El sector de la innovación tecnológica, representado por Colombia Fintech, ha sido uno de los más vocales en denunciar la iniciativa gubernamental. El presidente del gremio, Gabriel Santos, cuestionó con severidad que el Ministerio pretenda estructurar una «vía paralela» y asimétrica para la captación de ahorros, ignorando los pilares de supervisión que sostienen la confianza del público en el mercado de capitales.
Por otra parte, desde la perspectiva de la industria fintech, la creación de este canal paralelo carece de justificación técnica, toda vez que la legislación colombiana cuenta desde 2014 con la figura de las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos (SEDPES). Estos vehículos legales permiten la inclusión financiera y digital bajo la estricta vigilancia de la Superfinanciera. Actualmente, las 9 SEDPES operantes en el país custodian más de 1,2 billones de pesos pertenecientes a más de 770.000 clientes, demostrando que los mecanismos de bancarización formal ya existen y son plenamente eficientes.
Defensa del Ministerio TIC: Cronograma y detalles de la consulta pública
En segundo lugar, ante la ola de críticas procedentes de los comités de riesgos del país, los altos funcionarios del Gobierno Nacional salieron a defender los objetivos de la propuesta normativa. La viceministra de Conectividad, Gloria Perdomo, aseguró que la publicación del borrador en vísperas de la segunda vuelta presidencial obedece a una estricta coincidencia de los tiempos administrativos y no a intereses de índole electoral. Perdomo enfatizó que el documento permanece abierto al escrutinio técnico y que el plazo definitivo para recibir los comentarios de la ciudadanía y los gremios económicos vence el próximo 22 de junio.
- Fase Preliminar: Una primera etapa de consulta pública se cerró el pasado 30 de enero, recopilando 144 comentarios de diversos actores del mercado que manifestaron dudas sobre el alcance de la captación de recursos.
- Mesas de Ajuste: La ministra de las TIC, Carina Murcia, aclaró que actualmente se adelantan mesas interinstitucionales junto a Asopostales y la Superintendencia Financiera para intentar delimitar las fronteras operativas.
Análisis Regulador: Impacto del Borrador de Decreto del MinTIC (Junio 2026)
| Dimensión Técnica / Operativa | Estado bajo la Banca Regulada y SEDPES | Modelo Propuesto para Empresas Postales | Dictamen de Riesgo del Emisor | Impacto Comercial en el Sector |
| Vigilancia Institucional | Supervisión directa de la Superfinanciera. | Sin vigilancia de la Superintendencia Financiera. | Genera una asimetría regulatoria sin precedentes. | Riesgo inminente para la protección del usuario. |
| Control de Capitales | Rigurosos SARLAFT y control de origen de fondos. | Facultades de giro de depósito y transferencia. | Aumento en el riesgo de lavado de activos. | Canales financieros vulnerables al narcotráfico o terrorismo. |
| Inclusión Financiera | 1,2 billones de pesos en depósitos en 9 SEDPES. | Esquema paralelo de bajo control regulatorio. | Innecesario; se debió proponer la integración a Bre-B. | Freno a la inversión extranjera en el sector fintech regulado. |
¿Por qué las Pymes Fintech consideran este proyecto como una competencia desleal?
Sin duda, para las pymes tecnológicas y las startups de pagos digitales que han invertido cuantiosos recursos en cumplir con los estándares de la Superintendencia Financiera, la propuesta del MinTIC representa una asimetría regulatoria injustificada. Mientras una fintech regulada debe acreditar estrictos encajes de capital, manuales de cumplimiento y pólizas de seguro de depósitos, las redes postales podrían captar ahorros masivos sin asumir estos costos operativos. Efectivamente, este panorama desalienta la libre competencia y expone a las pymes financieras formales a un escenario de desventaja frente a las grandes redes de giros físicos que operan en las regiones colombianas.
Para concluir, el borrador de decreto del MinTIC para empresas postales plantea un debate profundo sobre el equilibrio entre la inclusión financiera y la preservación del orden público económico. Si bien expandir los servicios de transferencias en zonas de conectividad limitada es un fin loable, saltarse los esquemas de supervisión financiera tradicionales genera alarmas justificadas en el Banco de la República. En conclusión, el límite entre los servicios postales y las actividades bancarias exige una delimitación técnica impecable. Por consiguiente, las observaciones que se radiquen antes del 22 de junio serán determinantes para evitar un vacío legal que debilite el blindaje del país contra el lavado de dinero.
