El jefe de Estado boliviano, Rodrigo Paz, calificó la postura de su homólogo como una grave «injerencia» y un atentado directo contra la soberanía institucional de su país.
Bolivia – 20 de Mayo de 2026. La estabilidad de las relaciones diplomáticas en la región andina sufre una severa fractura. El gobierno de Bolivia oficializó este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García. Esta medida responde de forma directa a los pronunciamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la aguda crisis política y social del país altiplánico. El jefe de Estado boliviano, Rodrigo Paz, calificó la postura de su homólogo como una grave injerencia. Asimismo, afirmó que sus palabras representan un atentado directo contra la soberanía institucional de su nación.
En una rueda de prensa en la Casa de Gobierno en La Paz, el presidente Paz enfatizó un punto clave. A su juicio, las afirmaciones del líder colombiano priorizan la afinidad ideológica por encima del respeto multilateral. La Cancillería boliviana aclaró de manera oportuna el alcance de esta sanción política de alto nivel. La salida de la funcionaria ocurre porque ella representa la «voluntad política» del Ejecutivo de su país. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualizó que la decisión no implica una ruptura definitiva de los lazos bilaterales.
El origen de la fricción bilateral
La tensión diplomática escaló tras las declaraciones que el presidente Petro realizó el pasado domingo. El mandatario colombiano afirmó que el conflicto civil en Bolivia configura una «insurrección popular». Según su lectura, estas movilizaciones nacen como una «respuesta a la soberbia geopolítica». El líder de la Casa de Nariño ofreció la mediación de su Gobierno, cuyo mandato constitucional expira el próximo 7 de agosto. Petro busca propiciar una salida negociada al conflicto. Al mismo tiempo, instó a la región a erradicar los «presos políticos» y a avanzar hacia democracias alternativas.
La administración de Rodrigo Paz interpretó estas aseveraciones de forma negativa. El gobierno boliviano considera que las palabras de Petro validan las protestas y los bloqueos de carreteras que sacuden al territorio. Estas jornadas de movilización se concentran con fuerza en el departamento de La Paz. Las organizaciones campesinas, las facciones leales al expresidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsan las marchas. Estos sectores exigen la dimisión inmediata del presidente Paz, quien acumula apenas seis meses de gestión.
Acusaciones de financiamiento irregular y quiebre constitucional
Desde una perspectiva de seguridad interna, el palacio de gobierno boliviano sostiene una tesis clara. Las demandas de renuncia no responden a un descontento social orgánico. El Ejecutivo afirma que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática de «ruptura constitucional» que coordina el expresidente Morales. De acuerdo con las denuncias oficiales, estas movilizaciones cuentan con el presunto financiamiento de recursos del narcotráfico. El exmandatario y sus plataformas políticas rechazan categóricamente estos señalamientos.
El presidente Rodrigo Paz recordó la conducta histórica de su administración. Hasta antes de este incidente, el gobierno boliviano siempre habló de Colombia en términos muy cordiales y profesionales. Esta postura contrasta de forma abierta con el actual esquema de confrontación discursiva que adoptó el mandatario colombiano.
Implicaciones y alineación internacional
El diferendo andino ya trasciende las fronteras bilaterales y capta la atención de actores globales. Esta situación suma dinamismo a la polarización geopolítica de las Américas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, intervino en la discusión. El funcionario manifestó el respaldo irrestricto de la administración norteamericana al Gobierno constitucional de Rodrigo Paz. Rubio enfatizó que Washington mantendrá una postura firme de rechazo ante cualquier intento de desestabilización. El país del norte no permitirá que actores criminales o redes de narcotráfico depongan a líderes que los ciudadanos eligieron democráticamente.
Este respaldo explícito proporciona un alivio político temporal al gobierno boliviano en el plano exterior. No obstante, el suceso profundiza las complejidades del mercado político regional. La gestión del riesgo institucional y la certidumbre de los flujos de inversión enfrentan un panorama difícil. Las tensiones diplomáticas de los bloques ideológicos sudamericanos elevan la imprevisibilidad del entorno normativo.
