La filial de EPM hizo un llamado urgente para que la sobretasa energética, concebida como mecanismo de salvamento para el sistema regional, no se limite exclusivamente a la operadora Air-e.
Barranquilla- 24 de Abril de 2026. La arquitectura financiera del sector eléctrico en la región Caribe colombiana atraviesa una coyuntura crítica que ha obligado a sus actores principales a demandar soluciones integrales por parte del Gobierno Nacional. En el marco de la reciente feria de energías renovables en Barranquilla, Ricardo Arango, gerente general de Afinia, ha formalizado un llamado urgente para que la sobretasa energética, concebida como mecanismo de salvamento para el sistema regional, no se limite exclusivamente a la operadora Air-e, sino que abarque la totalidad del ecosistema eléctrico del norte del país.
La tesis de la administración de Afinia sostiene que la crisis de prestación del servicio no es un fenómeno aislado de una sola compañía, sino un desafío estructural que afecta a toda la zona de influencia. Según Arango, las condiciones de mercado, los niveles de pérdida y la cultura de recaudo sitúan a los inversionistas de la compañía —filial del Grupo EPM— en un escenario de agotamiento financiero que compromete la viabilidad de las inversiones requeridas a mediano plazo.
El desequilibrio financiero y el factor del bajo recaudo
El diagnóstico técnico presentado por la gerencia de Afinia revela métricas que se alejan drásticamente del promedio nacional, evidenciando la complejidad de operar en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte de Magdalena. Actualmente, la compañía reporta un índice de pérdidas de energía del 28.9%, una cifra que duplica la media registrada en el resto del territorio colombiano. Esta fuga de energía, sumada a un recaudo acumulado en lo que va de 2026 que apenas alcanza el 81.5%, genera un déficit de caja que imposibilita la ejecución autónoma de los planes de inversión en infraestructura.
La incapacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los costos operativos y las pérdidas no técnicas ha llevado a la empresa a un punto de inflexión. Arango enfatiza que, aunque se han implementado medidas paliativas como la energía prepagada para mejorar el comportamiento de pago de los usuarios, estas soluciones estructurales requieren un tiempo de maduración que la urgencia financiera actual no permite esperar de forma aislada.
La sobretasa como recurso de estabilización regional
La propuesta del Gobierno Nacional de implementar una sobretasa al servicio de energía ha sido recibida por el sector como una señal de reconocimiento a la crisis del Caribe como un problema de orden nacional. Sin embargo, el debate se centra ahora en la distribución de dicho recaudo. Desde la perspectiva de Afinia, cualquier solución que ignore a uno de los dos grandes operadores regionales resultaría insuficiente para estabilizar el sistema interconectado en su conjunto.
La inyección de recursos solicitada busca no solo mitigar el impacto del incremento en los costos de generación, sino también blindar la capacidad operativa de la empresa frente al «límite financiero» que sus accionistas han comenzado a advertir. La sostenibilidad del servicio para millones de usuarios depende, en gran medida, de una política fiscal energética que reconozca la interdependencia de los actores en el mercado regional.
Reestructuración corporativa: El proceso de escisión de Atenea
En paralelo a las demandas de apoyo gubernamental, Afinia avanza en una transformación administrativa estratégica. Para el segundo semestre de 2026, se prevé la materialización de la escisión del mercado, un movimiento corporativo que dará paso a la operatividad de Atenea, una nueva filial del Grupo EPM. Este proceso implica la transferencia de la operación en 35 municipios estratégicos ubicados en Bolívar, Cesar y Magdalena.
Esta división de activos y mercados responde a una lógica de eficiencia operativa y búsqueda de nichos de gestión más controlables. La gerencia ha asegurado que el proceso de transición hacia Atenea se está ejecutando bajo estrictos estándares de transparencia y solvencia técnica, garantizando que la nueva entidad herede una infraestructura con plena capacidad de operación, a pesar del entorno macroeconómico restrictivo.
Implicaciones para el inversor y el mercado regulado
Para el analista y el inversor del sector de servicios públicos, el panorama en el Caribe colombiano representa un caso de estudio sobre el riesgo regulatorio y operativo. La resolución de esta solicitud de financiamiento compartido definirá el precedente sobre cómo el Estado colombiano interviene en mercados donde la falla estructural —pobreza, infraestructura obsoleta y fraude— supera la capacidad de gestión privada.
La decisión que tome el Ejecutivo sobre la distribución de la sobretasa será determinante para la confianza de los inversionistas en el sector eléctrico. De no consolidarse un apoyo equitativo, el mercado podría enfrentar un riesgo de desinversión o, en el peor de los escenarios, una crisis de liquidez que obligue a intervenciones estatales más profundas y onerosas para el erario.
