CARTAGENA DE INDIAS — En un punto de quiebre institucional para el sistema financiero, el gremio de las administradoras de fondos de pensiones (Asofondos) anunció una ofensiva legal contra el Gobierno Nacional. A propósito de la reciente expedición del Decreto 0415 de 2026, que obliga a trasladar $25 billones del ahorro de los trabajadores a Colpensiones, el sector privado calificó la medida de «abiertamente ilegal». Este resultado se traduce en una colisión normativa, pues las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) argumentan que la ley vigente ordena que dichos recursos permanezcan invertidos hasta que el Fondo de Ahorro en el Banco de la República esté plenamente operativo.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, confirmó que el gremio acudirá a las altas cortes y órganos de control para evitar lo que consideran una vulneración al deber fiduciario y al derecho de propiedad de millones de afiliados. Bajo este escenario, la incertidumbre jurídica se traslada ahora a los tribunales, mientras el mercado de capitales vigila el impacto de una posible liquidación masiva de activos para cumplir con el traslado.
El Conflicto Jurídico: Decreto vs. Ley
La disputa central radica en la interpretación de los tiempos y condiciones para la transferencia de los ahorros del pilar contributivo. Para empezar, Asofondos sostiene que el decreto contradice el marco legal actual. Posteriormente, se detallan los argumentos que sustentan las acciones legales:
- Falta de Operatividad del Emisor: La ley establece que, si el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en el Banco de la República no funciona, las AFP deben seguir administrando los recursos.
- Derecho de Propiedad: El gremio reitera que los recursos son de los trabajadores y no del Estado, por lo que su traslado forzado sin el cumplimiento de los requisitos legales es «altamente lesivo».
- Ruptura de Reglas de Juego: La medida es vista como una afectación directa a la confianza inversionista y a la estabilidad de los fondos de largo plazo.
Acciones del Gremio: Defensa del mandato fiduciario
La respuesta de las administradoras busca frenar la aplicación inmediata del decreto mediante medidas cautelares y demandas de nulidad. En particular, el objetivo es blindar el capital del futuro. Cabe subrayar que:
- Carta a las Cortes: Asofondos enviará una comunicación formal a las altas cortes y entes de control solicitando instrucciones claras ante la contradicción normativa.
- Responsabilidad con el Afiliado: Velasco enfatizó que cuidar el ahorro no es opcional, sino una obligación legal que no escatimará esfuerzos en la justicia.
- Preservación de la Institucionalidad: El gremio busca evitar un precedente donde decisiones administrativas pasen por encima de la autonomía del ahorro privado.
El riesgo de la liquidación forzada
En resumidas cuentas, la batalla por los $25 billones de pesos pone a prueba la solidez del Estado de Derecho en Colombia. Finalmente, de no prosperar las acciones legales, el mercado enfrentaría el reto de absorber la venta de activos por una cifra equivalente al 1.5% del PIB en tiempos récord, lo que podría presionar el precio de los bonos y las acciones locales.
La resolución de este conflicto en el Consejo de Estado o la Corte Constitucional será determinante para definir si la reforma pensional avanza bajo el marco de la ley o si se consolida una intervención administrativa que altere la naturaleza del ahorro individual en el país.
