Según los cálculos de Colpensiones, las AFP adeudan cerca de $5,5 billones asociados a estas pensiones ya reconocidas por el Estado.
Bogotá -24 de Abril de 2026. En un contexto de alta sensibilidad para el mercado de capitales colombiano, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, presentó una defensa técnica y jurídica del decreto que instruye el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia la entidad pública. Según el funcionario, esta medida no representa una arbitrariedad administrativa, sino el cumplimiento de una obligación legal derivada del flujo de afiliados entre regímenes y la necesidad de asegurar la liquidez para el pago de mesadas vigentes.
El anuncio se produce en medio de las tensiones por la implementación de la Ley 2381 y las expectativas sobre los fallos de la Corte Constitucional. Dussán enfatizó que la operación es necesaria para regularizar la situación de miles de ciudadanos que ya han migrado al sistema público, pero cuyos capitales permanecen bajo administración privada.
El balance de los traslados y la deuda en disputa
Las cifras presentadas por la administración de Colpensiones revelan una magnitud operativa considerable: más de 109.000 personas han efectuado el traslado desde los fondos privados hacia el régimen de prima media. De este grupo, aproximadamente 24.800 individuos ya ostentan la calidad de pensionados.
El punto de mayor fricción reside en la liquidación de estos saldos. Según los cálculos de Colpensiones, las AFP adeudan cerca de $5,5 billones asociados a estas pensiones ya reconocidas por el Estado. “Esos dineros pertenecen a Colpensiones para garantizar la continuidad del pago de las pensiones”, sostuvo Dussán, argumentando que, bajo la normativa actual, es jurídicamente improcedente que un ciudadano esté afiliado simultáneamente a dos sistemas o que su ahorro no acompañe su traslado administrativo.
Mecanismos de pago y administración de activos
Para mitigar el impacto en la liquidez de los fondos privados, el Gobierno ha previsto que el traslado de recursos no se realice exclusivamente en efectivo. Dussán explicó que Colpensiones está facultada para recibir diversas formas de pago, incluyendo Títulos de Tesorería (TES), los cuales serán integrados a los esquemas de ahorro administrados por la entidad a través de la Fiduciaria La Previsora.
Frente a las alertas emitidas por diversos sectores sobre el impacto de estos retiros en el mercado de valores, el directivo calificó la proporción de los recursos a trasladar como marginal en comparación con los activos bajo administración (AUM) totales del sistema privado. Con la expresión «es un pelo de un gato», el funcionario buscó enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, sugiriendo que la estabilidad del mercado de capitales no se verá comprometida por este ajuste contable y operativo.
Hacia una resolución técnica: La mesa con la Superintendencia Financiera
Con el fin de dirimir las discrepancias sobre las responsabilidades en la entrega de los recursos y los tiempos de ejecución, Colpensiones anunció la conformación de una mesa técnica de alto nivel. Este encuentro, programado para el próximo lunes a las 3:30 p. m., contará con la participación de la Superintendencia Financiera de Colombia y representantes legales de las AFP.
La agenda de la mesa técnica se centrará en:
- Definir los cronogramas de transferencia de los $5,5 billones reclamados.
- Establecer la valoración de los activos (TES y otros títulos) aceptables para el traslado.
- Revisar el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 2381 sobre traslados de afiliados.
Implicaciones para el sector financiero
Para los analistas macroeconómicos, el debate trasciende la disputa contable entre Colpensiones y las AFP. La migración de recursos de esta escala impacta la dinámica de inversión local, especialmente considerando que Dussán cuestionó la tendencia de los fondos privados de mantener inversiones en el exterior en lugar de financiar proyectos de infraestructura nacional. La resolución de esta mesa técnica será un indicador clave para medir la seguridad jurídica de los activos administrados y el grado de intervención estatal en el flujo de los ahorros previsionales durante el resto de 2026.
