El sistema financiero colombiano enfrenta una amenaza sistémica que trasciende las métricas de morosidad tradicionales. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha emitido una alerta de alto nivel sobre la consolidación de un denominado «cartel de la insolvencia», una estructura organizada que manipula los mecanismos de salvamento legal para facilitar la evasión de deudas mediante deudas ficticias y fraudes procesales.
La magnitud del fenómeno es exponencial. Según datos del gremio, las solicitudes de insolvencia han escalado de apenas 200 casos hace una década a 20.000 en 2025. Las proyecciones para el cierre de 2026 son aún más alarmantes, situando la cifra por encima de los 30.000 procesos, lo que sugiere un uso sistemático e indebido de una figura diseñada originalmente para proteger a ciudadanos en crisis económica real.
Anatomía del fraude: Quiroamigos y deudas ficticias
El modus operandi de esta red involucra a una tríada de actores: abogados inescrupulosos, centros de conciliación con laxos controles y supuestos acreedores. La investigación de Asobancaria identifica la creación de pasivos inexistentes para diluir la participación de los acreedores reales (bancos, fintechs y operadoras de telecomunicaciones) en las mesas de negociación.
Un elemento crítico en esta arquitectura criminal es la figura de los «quiroamigos». Se trata de prestamistas ficticios que aparecen de forma recurrente en múltiples procesos para inclinar la balanza en las votaciones de los acuerdos de pago. En casos extremos detectados por el gremio, algunos de estos supuestos acreedores se encuentran actualmente privados de la libertad, lo que evidencia la falta de rigor en la verificación de las solicitudes por parte de ciertos operadores.
El costo de la impunidad: Implicaciones macroeconómicas
Desde un análisis técnico, el uso fraudulento de la insolvencia genera un «riesgo moral» que afecta la eficiencia del mercado de capitales. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, ha señalado que estas prácticas no solo erosionan la cartera de las entidades —que reportaron utilidades de $1,7 billones a febrero de 2026— sino que alteran las condiciones de acceso al crédito para toda la población.
- Encarecimiento del crédito: Al aumentar el riesgo de evasión legal, las entidades financieras se ven obligadas a endurecer los requisitos de otorgamiento y elevar las tasas de interés para compensar la posible pérdida.
- Barreras de entrada: El fraude castiga al deudor legítimo que, por una crisis real, necesita el mecanismo de insolvencia pero se encuentra con un sistema saturado y bajo sospecha.
- Deterioro reputacional: La participación en estas redes conlleva la «muerte civil» financiera del deudor, con reportes negativos indelebles en las centrales de riesgo.
Consecuencias penales y disciplinarias
El rigor de la ley comienza a cercar a los promotores de estos esquemas. Expertos penalistas advierten que las maniobras del cartel no son simples faltas administrativas, sino delitos graves. Los implicados —deudores, abogados y asesores— se exponen a tipificaciones penales como:
- Concierto para delinquir: Por la coordinación sistemática entre abogados y centros de conciliación.
- Fraude procesal: Al inducir al error a la justicia o a los centros de conciliación mediante pruebas falsas.
- Falsedad en documento: Por la creación de soportes de deudas inexistentes.
Asimismo, la tarjeta profesional de los abogados involucrados está en riesgo. El Instituto Colombiano de Derecho Concursal ha sido enfático en que la insolvencia es una herramienta de equidad, no un vehículo para financiar «vacaciones de lujo» o lujos personales a costa del ahorro del público.
Urgencia de supervisión
Ante este panorama, el sector financiero hace un llamado urgente a las autoridades de supervisión y a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la trazabilidad de los procesos de insolvencia. La integridad del sistema de pagos y la confianza en la seguridad jurídica del país dependen de la capacidad del Estado para desmantelar estas redes que, bajo la apariencia de legalidad, desangran la confianza en el sistema financiero colombiano.
