El presidente Gustavo Petro anunció que convocará a una consulta popular para que la ciudadanía decida el destino de sus reformas laboral y de salud, tras el fracaso legislativo de la primera en la Comisión Séptima del Senado. La decisión del mandatario ha desatado un fuerte debate político, con críticas desde la oposición y el Congreso por considerar que desconoce la separación de poderes.
La reforma laboral, que buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores, fue archivada este martes con una votación de 8 a 14 en contra. Ante la posibilidad de que su reforma a la salud corra la misma suerte, Petro optó por apelar a la movilización popular y al mecanismo de consulta ciudadana. En una alocución presidencial, el mandatario afirmó que “el Gobierno Nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida”.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución para consultar al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Para su aprobación, debe ser avalada por el Congreso y contar con el respaldo de todos los ministros. De lograrse su realización, se requeriría la participación de al menos 13,6 millones de ciudadanos (una tercera parte del censo electoral) y la mitad más uno de los votos válidos para que tenga validez.
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló escuetamente que el presidente “está en su derecho, que el pueblo decida”. No obstante, sectores de la oposición han cuestionado la iniciativa. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) afirmó que “en la oposición estamos listos para liderar el no a su desastrosa reforma a la salud en las calles”. Por su parte, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) indicó que el presidente “se niega a reconocer el mandato popular del Congreso e incita a la violencia y a desconocer sus decisiones”.
A su vez, expertos jurídicos como el abogado Julián Quintana han puesto en duda la viabilidad legal de la consulta, argumentando que “no se puede invocar el mecanismo para proyectos de articulado”. En la misma línea, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que la decisión de Petro equivale a “ponerle un cuchillo en el cuello a los congresistas”.
En medio del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha defendido la postura del Gobierno, alegando que la reforma laboral fue hundida “sin discusión” y que la consulta es una vía democrática para que la ciudadanía decida sobre su futuro. Por su parte, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, ha instado a fortalecer el diálogo y el debate público sobre las reformas.
El anuncio de Petro marca un punto de inflexión en su gobierno y pone a prueba su capacidad para movilizar a la opinión pública en un escenario de crecientes tensiones con el Congreso. En pleno año preelectoral, la consulta popular podría convertirse en un plebiscito sobre su gestión y sus reformas.
