El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional debido al incumplimiento en el pago de una deuda con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La medida afecta a los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, responsables de garantizar el pago de las obligaciones financieras con la empresa prestadora del servicio eléctrico.
La decisión judicial surge de un proceso ejecutivo promovido por Cens, en el que se determinó que la Nación mantiene una deuda exigible con la filial de EPM. Como resultado, el juzgado decretó el embargo y retención de fondos en cuentas bancarias, productos de ahorro y otros instrumentos financieros del Estado para garantizar el cumplimiento de la obligación pendiente.
El mandato judicial establece que la medida cautelar se extiende a cuentas corrientes, de ahorros, certificados de depósito a término (CDT) y otros productos bancarios del Gobierno. Esta decisión ha generado reacciones en distintos sectores, especialmente desde la administración municipal de Medellín y el gremio de las empresas de servicios públicos.
El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez Zuluaga, explicó que la acción judicial obedece a la falta de pago de los subsidios de energía que el Gobierno adeuda a EPM desde 2023. Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), indicó que la deuda total del Estado con las empresas del sector eléctrico supera los 7 billones de pesos.
Ante el fallo judicial, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que las cuentas del Gobierno son inembargables, argumento respaldado por el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry. Este planteamiento ha generado un debate sobre los límites de la ejecución judicial en casos de deudas estatales y la garantía de los pagos a empresas prestadoras de servicios públicos.
En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre Empresas Públicas de Medellín y sus filiales, lo que sugiere un posible análisis más amplio sobre la situación financiera de la empresa y la relación con el Estado.
