La propuesta gubernamental responde a la necesidad de estructurar reglas de juego claras para un mercado que ha dejado de ser un nicho de recreación.
Bogotá -16 de Mayo de 2026. El vertiginoso crecimiento de la micromovilidad eléctrica en los centros urbanos de Colombia ha entrado en una fase de transición hacia la formalización institucional. El Ministerio de Transporte ha publicado oficialmente el borrador de una resolución sectorial que pretende establecer el marco regulatorio para la operación de bicicletas y patinetas eléctricas en todo el territorio nacional. La iniciativa busca mitigar las externalidades negativas asociadas a la falta de homogeneidad técnica, la siniestralidad vial y el vacío fiscal y de registro que actualmente caracteriza a estos vehículos de movilidad personal (VMP).
La propuesta gubernamental responde al auge de un mercado en plena expansión. De hecho, estos dispositivos dejaron de ser un nicho de recreación exclusivo. Hoy en día, las patinetas se consolidan como un eslabón clave en el transporte de las capitales. Según fuentes de la cartera de Transporte, el articulado surge de varias mesas de concertación con los ciudadanos. Por lo tanto, el eje transversal del texto es la estandarización de la seguridad vial.
Homologación técnica y exigencias de seguridad activa
Uno de los pilares del proyecto normativo se enfoca en las condiciones técnicas de fabricación e importación. Específicamente, el borrador estipula la incorporación de sistemas de frenado independientes en ambas ruedas. También se exigirá un sistema de iluminación óptimo para la conducción nocturna. Además, los vehículos deberán portar un dispositivo de señalización acústica de alta intensidad. Este pito servirá para alertar a los peatones en entornos de tráfico mixto.
Asimismo, la resolución traslada responsabilidades directas al conductor en materia de seguridad pasiva. Por consiguiente, se establece la obligatoriedad del uso de cascos con certificación técnica. Los usuarios también deberán portar prendas reflectivas durante las franjas horarias nocturnas. Indudablemente, estas medidas apuntan a reducir el índice de letalidad en los accidentes de tránsito.
El RUNT y el control de inventario vehicular: Hacia la matriculación
El cambio estructural de mayor impacto económico es la inclusión de estos vehículos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). De aprobarse el texto definitivo, los propietarios deberán realizar un trámite de inscripción formal. Por lo tanto, el proceso derivará en la asignación de un código único de identificación.
Este identificador se materializará en una lámina o placa visible fijada al vehículo. Dicha placa consignará toda la información técnica del dispositivo. Desde una perspectiva analítica, este paso transforma la naturaleza jurídica de la micromovilidad en el país. Como resultado, se abrirá la puerta a futuros mecanismos de control policivo y trazabilidad frente a hurtos. Inclusive, esto facilitará la eventual exigencia de seguros de responsabilidad civil específicos.
Segmentación de límites de velocidad por entornos urbanos
El borrador del Ministerio de Transporte también introduce una gobernanza clara sobre la velocidad de operación. Para lograrlo, la norma indexa los límites máximos permitidos a la densidad peatonal de la zona:
- Zonas de alta afluencia y parques: El límite máximo de circulación se fija en 25 km/h. De esta manera, se prioriza la seguridad del peatón en las áreas compartidas.
- Corredores suburbanos y rurales: El umbral de velocidad máxima se autoriza hasta los 40 km/h. Esto aplica para las bicicletas eléctricas cuyas especificaciones permitan trayectos interurbanos.
Por lo tanto, esta diferenciación busca evitar la saturación de las ciclorrutas existentes. Así se previenen conflictos de tráfico con los ciclistas convencionales.
Implicaciones para el mercado, importadores y el entorno corporativo
Para los agentes económicos del sector, este borrador marca un punto de inflexión inmediato. Obviamente, la obligatoriedad de registrar los vehículos ante el RUNT alterará las estructuras de costos. Por esta razón, se prevé un impacto en los precios de venta al consumidor final.
Sin embargo, la formalización del sector reduce de manera notable la incertidumbre jurídica. Este factor es clave para los fondos de inversión que financian la movilidad sostenible. Debido a que el documento se encuentra en fase de borrador, el mercado dispone de un periodo de consulta. En consecuencia, los interesados podrán formular comentarios técnicos antes de la firma de la resolución definitiva.
