Debate de control político en el Concejo revela alarmante rezago en la caracterización de personas con discapacidad en Medellín. Solo 15.499 aparecen registradas en 2026.
Medellín, 17 de junio de 2026. El Concejo de Medellín fue escenario de un agudo debate de control político donde se expusieron las severas barreras físicas, institucionales y presupuestales que todavía enfrentan las personas con discapacidad en Medellín. Durante la sesión plenaria, cabildantes, líderes de organizaciones sociales y funcionarios de la Administración Distrital cruzaron datos sobre el estado de la inclusión y la accesibilidad, encendiendo las alarmas por el evidente rezago en la actualización de las estadísticas oficiales de esta población.
La mayor preocupación de las bancadas citantes radica en la pérdida de visibilidad estadística, un factor que frena la planificación técnica de los recursos públicos. Mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que en Medellín habitaban 123.628 ciudadanos con alguna discapacidad en 2022, los registros locales muestran una tendencia inversa y preocupante. El censo distrital pasó de contabilizar 78.562 personas en el año 2020 a tan solo 15.499 caracterizadas por la Secretaría de Salud a abril de 2026. Esta diferencia, que equivale a una reducción nominal del 80% en las bases de datos del Distrito, dificulta el diseño de programas de asistencia, la asignación presupuestal y la medición real de los indicadores de impacto.
Barreras críticas en transporte y laderas
El concejal Alejandro Arias, uno de los citantes del debate, advirtió que las políticas de inclusión deben materializarse en el entorno urbano y no quedarse en el plano discursivo. Arias reveló un dato crítico sobre la infraestructura de transporte masivo: de los 3.302 vehículos que componen el sistema público de la ciudad, solo 783 unidades cuentan con plataformas de accesibilidad universal. Esta carencia limita de forma drástica el desplazamiento autónomo y cotidiano de la población con movilidad reducida.
Por su parte, el concejal Brisvani Arenas enfatizó que la falta de oportunidades se agudiza en las comunas ubicadas en las laderas de la ciudad, donde se concentra un porcentaje importante de esta población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Arenas denunció además fallas de articulación interna, señalando que cerca del 30% de las dependencias de la Alcaldía de Medellín no reportaron información relacionada con sus metas de cumplimiento dentro de la política pública de discapacidad.
Rezago educativo y balance de la gestión distrital
El debate arrojó cifras complejas sobre las barreras sociodemográficas que perpetúan la exclusión económica de esta población. La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, explicó que la responsabilidad de la caracterización migró de su despacho hacia la Secretaría de Salud después de junio de 2020. Al revisar los datos socioeducativos históricos disponibles de la población registrada, se detalla un panorama retador:
- El 28,3% de las personas con discapacidad en la ciudad no sabe leer ni escribir.
- El 21,8% no registra ningún tipo de logro educativo formal dentro del sistema.
- Únicamente el 6,4% ha logrado acceder a educación superior (formación técnica, tecnológica o universitaria).
Frente a las críticas por la cobertura, la funcionaria reportó que la población atendida a través de su secretaría pasó de 15.363 personas en 2024 a 18.680 durante el año 2025, mientras que en lo corrido de 2026 el indicador se ubica en 3.662 atenciones.
A su turno, la secretaria de Salud, Natalia López, indicó que entre 2024 y 2026 la entidad destinó $3.108 millones de pesos para el acompañamiento directo de 2.647 personas y la ejecución de 5.464 intervenciones a través de equipos básicos de salud. Finalmente, el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, reconoció que la capital antioqueña mantiene una «deuda histórica» en materia de diseño urbano incluyente. No obstante, destacó que su despacho avanza en la ejecución de $310.386 millones de pesos —de un presupuesto global proyectado de $501.651 millones— orientados a la intervención, mejoramiento y adecuación técnica del espacio público y la malla vial de la ciudad.
