Bogotá, 10 de marzo de 2026. La expedición del Decreto 0234 del 6 de marzo ha desatado una tormenta entre los sectores empresariales. Según FENALCO, el Ministerio de Trabajo intenta aprobar «por la puerta de atrás» la creación de megasindicatos sectoriales, una figura que el Congreso ya había rechazado. La medida obligaría a empresas (especialmente mipymes) a cumplir acuerdos de negociaciones en las que no participaron y, lo más polémico, obligaría a trabajadores no sindicalizados a financiar a estas organizaciones.
¿Qué establece el Decreto 0234?
El decreto introduce cambios estructurales en el modelo de negociación colectiva en Colombia, pasando de acuerdos por empresa a acuerdos por sectores económicos completos.
- Negociación Multinivel: Los sindicatos de industria o sector podrán negociar condiciones para todas las empresas de un mismo ramo.
- Extensión de Beneficios y Cargas: Si un megasindicato logra un acuerdo, este podría aplicarse automáticamente a otras empresas del sector que no estuvieron en la mesa de diálogo.
- Cuotas de Solidaridad Obligatorias: Los trabajadores que decidan no afiliarse a un sindicato igual tendrían que pagar aportes económicos a la organización que negoció el acuerdo sectorial.
Las tres alertas de FENALCO
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, calificó la medida como un «golpe a la democracia» por saltarse el debate legislativo. Estas son sus principales preocupaciones:
- Vulneración de la Libertad Sindical: Se argumenta que obligar a un trabajador a pagar a un sindicato al que no pertenece viola el derecho constitucional a no asociarse.
- Riesgo para las Mipymes: Las micro, pequeñas y medianas empresas podrían verse forzadas a asumir cargas salariales y prestacionales diseñadas para grandes corporaciones, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera.
- Inseguridad Jurídica: Al implementar por vía administrativa (decreto) lo que debe ser materia de ley (Congreso), se genera un precedente que podría terminar en demandas ante el Consejo de Estado.
¿Por qué por decreto?
El Gobierno Nacional ha enfrentado dificultades para tramitar su agenda laboral en el Congreso. Ante el hundimiento de varios artículos de la reforma original, el Ministerio de Trabajo ha optado por la vía regulatoria. Sin embargo, expertos constitucionalistas ya advierten que un decreto no puede modificar derechos fundamentales ni estructuras básicas del derecho al trabajo sin una ley previa.
Finalmente, mientras los sindicatos ven en esta medida una oportunidad para fortalecer su poder de negociación, el sector productivo se prepara para dar la batalla jurídica. La pregunta queda en el aire: ¿Es este decreto un avance en derechos o una carga insostenible para el empleo formal en 2026?
