Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En un momento de tensión fiscal para Colombia, las comisiones económicas del Congreso de la República se reúnen este martes 23 de septiembre para votar en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, radicado por el Gobierno en $556,9 billones. Esta cifra, que incluye una reforma tributaria por $26,3 billones para cubrir el déficit, ha desatado un vendaval de críticas de gremios como la Andi, que claman por un recorte de al menos $45 billones para alinearlo con la realidad económica. Con un PIB proyectado en $1.930 billones y un crecimiento del 2,7% en el primer semestre –por debajo de las expectativas–, este debate no es solo numérico: define si el país navega hacia la sostenibilidad o se hunde en un espiral de deuda que ya absorbe uno de cada tres pesos de impuestos.
El proyecto, radicado a finales de julio por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, supera en $5,9 billones la cifra inicial de $551 billones anunciada meses antes. “En el valor total del Presupuesto hay $556,9 billones, de los cuales $501 billones se financiarán con recursos de la Nación, $29,6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales y $26,3 billones con tributaria, sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento. Desde el monto total $301,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 billones a no tributarios”, explicó Ávila en su momento. Esta estructura representa el 28,9% del PIB, con un enfoque en inversión social –Salud sube 16,3% a $78,1 billones y Transporte/Minas lideran incrementos– pero genera alarma por su desfinanciación inicial, un patrón que obligó a decretar el PGN 2025 tras el hundimiento de su reforma tributaria.
Reforma Tributaria: El Talón de Aquiles de $26,3 billones
La ley de financiamiento, radicada el 1 de septiembre, es el eje controvertido: busca recaudar $26,3 billones en 2026 –escalando a $37 billones en 2030– mediante ajustes en IVA, renta y combustibles. Incluye gravar dividendos a no residentes al 30%, eliminar exenciones en servicios turísticos y un IVA del 19% a combustibles desde 2027 –iniciando en 10% para gasolina en 2026. No toca la canasta familiar, pero impacta sectores como minero-energético ($869.000 millones en 2026) y consumo de alcohol/tabaco ($7,8 billones).
Ávila defiende el «pacto fiscal» como garantía de estabilidad para el próximo Gobierno, independientemente del resultado electoral de 2026. Sin embargo, con un Congreso fragmentado –donde el Centro Democrático ya rechazó el PGN– y elecciones en puerta, su aprobación luce incierta, evocando el fracaso de 2024 que forzó un decreto de $511 billones.
Voces del sector privado: Andi exige austeridad
Los gremios no guardan silencio. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha sido el más vocal: “El presupuesto presentado va en contravía de la austeridad fiscal que se ha pedido. Lo responsable sería un recorte de alrededor $45 billones”. En un llamado al Congreso, urgió: “El Congreso tiene una responsabilidad histórica en este momento de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede en forma realista, pagar”.
Mac Master advierte de un «escenario de recesión» si se aprueba sin ajustes: “De equivocarnos en la aprobación del monto del PGN, se podría estar enviando a Colombia a una situación insostenible, desde el punto de vista de recursos que tendrían que ser cobrados por la vía de impuestos”. Critica el crecimiento del 57% acumulado en presupuestos desde 2022 –frente a un PIB estancado– y cuestiona la capacidad de empresas y ciudadanos para absorber más carga: “Se requiere un estudio profundo y realista sobre las capacidades de la ciudadanía colombiana y de las empresas de poder seguir transfiriendo recursos al Estado”. Similar a alertas previas sobre el PGN 2025, donde exigió ajuste a la realidad económica, Mac Master ve en el incremento del 10-13% una señal negativa para inversionistas, elevando costos de endeudamiento.
Implicaciones económicas: Equilibrio precario en tiempos de incertidumbre
Aprobar $556,9 billones sin tributaria implicaría un déficit primario del 1,4% del PIB –mejor que el 2,4% de 2025–, pero el Carf estima que el desequilibrio supera la tributaria misma. Gastos de funcionamiento ($365,7 billones, 65,6% del total) presionan, con subidas en pensiones y salarios que absorben el 19% del PIB. Si falla la reforma, como en 2024, el Gobierno podría recurrir a decreto, pero con mayor oposición post-electoral.
Para el sector privado, el impacto es directo: la tributaria elevaría la carga impositiva al 20,5% del PIB, desincentivando inversión en un año de IED en caída (US$10.000 millones proyectados). Analistas como César Cermeño de la Universidad de los Andes ven en amnistías un recaudo de $6,3 billones, pero dudan de su efectividad sin equidad.
El debate en el Salón Elíptico del Capitolio, a las 1:00 p.m., será pivotal. Con más de 30 congresistas proponiendo recortes, el PGN podría ajustarse, pero el riesgo de parálisis fiscal acecha.
