A partir de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, Colombia da un paso histórico hacia la consolidación de un Sistema de Protección Social Integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Esta normativa, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca garantizar una renta básica solidaria para los sectores más vulnerables de la población, promoviendo la equidad y la justicia social. La ley, que espera revisión por parte de la Corte Constitucional para determinar su exequibilidad y fecha de aplicación, representa un avance significativo en la protección de los derechos de los adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Colpensiones asume un rol clave
Colpensiones, como entidad encargada de administrar el régimen de prima media, está preparada para asumir las responsabilidades establecidas por la Ley 2381. La institución contará con los recursos provenientes de las cotizaciones de los afiliados y del Presupuesto General de la Nación para cumplir con las obligaciones estipuladas en la norma. Este sistema fortalece el pilar contributivo, asegurando que los trabajadores que cotizan tengan una protección adecuada para su vejez, además de garantizar el acceso a pensiones por invalidez y sobrevivencia en caso de fallecimiento.
La implementación de la ley implica un esfuerzo coordinado entre varias entidades del Estado, con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Colpensiones ha asegurado que cuenta con la capacidad operativa para responder a los retos que plantea esta reforma, priorizando la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos.
Pilar Solidario: Una renta básica para los más necesitados
Uno de los pilares fundamentales de la Ley 2381 es el establecimiento del Pilar Solidario, diseñado para brindar una renta básica solidaria a los ciudadanos en situación de pobreza extrema. Según lo dispuesto en los artículos 3 y 17 de la ley, esta renta tendrá un valor mínimo equivalente a la línea de pobreza extrema certificada para 2023, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, según lo determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
A partir de 2026, el monto de la renta básica solidaria se actualizará anualmente cada 1 de enero, conforme a la variación del IPC del año anterior, garantizando que el beneficio mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Este mecanismo asegura que los beneficiarios, cerca de 3 millones de personas según estimaciones del Gobierno, tengan un ingreso digno que les permita cubrir sus necesidades básicas.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social será el encargado de administrar el pago de esta renta, utilizando recursos del Presupuesto General de la Nación y lo recaudado en la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional. Además, la Resolución 0809 del 17 de mayo de 2024, emitida por Prosperidad Social, estableció un incremento progresivo en el valor del bono solidario, fortaleciendo el compromiso del Estado con los ciudadanos más vulnerables.
Continuidad para beneficiarios de Colombia Mayor
La Ley 2381 también contempla disposiciones para garantizar la continuidad de los beneficios del Programa Colombia Mayor. Aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos para acceder al Pilar Solidario seguirán recibiendo el subsidio de este programa hasta que sean elegibles para la renta básica solidaria. Esta medida busca evitar interrupciones en el apoyo económico a los adultos mayores, asegurando una transición ordenada hacia el nuevo sistema.
Un compromiso con la justicia social
La entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la reducción de la desigualdad y la protección de los derechos de los adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad. Con un enfoque en la sostenibilidad y la equidad, esta reforma busca transformar el sistema de protección social en Colombia, garantizando que nadie quede desamparado en su vejez o ante situaciones de invalidez.
El Gobierno espera que, una vez la Corte Constitucional declare la exequibilidad de la ley, se consolide un modelo de protección social más inclusivo y solidario, alineado con los principios de justicia social que promueve la administración actual. Este es un paso crucial para construir un país donde la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos sean una prioridad.
