El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez. Le impone medidas cautelares severas como la retirada inmediata de su pasaporte.
España, 21 de junio de 2026. El panorama político y judicial español vive una jornada de enorme repercusión institucional. En efecto, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, el magistrado ha adoptado medidas restrictivas de naturaleza personal contra la investigada. De este modo, el instructor impone la retirada del pasaporte y prohíbe explícitamente su salida del territorio nacional.
Adicionalmente, la resolución estipula una comparecencia obligatoria de carácter quincenal en la sede del juzgado. El magistrado ha tomado esta firme decisión a través de un auto difundido este sábado. Esta acción responde directamente a la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes. Durante esa sesión, las acusaciones populares solicitaron estas restricciones especiales alegando la existencia de un posible riesgo de fuga.
Cargos penales y otros implicados en el proceso judicial
Por consiguiente, el juez Peinado envía a juicio a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De igual manera, le atribuye los cargos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Por otra parte, la medida afecta directamente a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, quien irá al banquillo por las mismas conductas delictivas.
El magistrado fundamenta la apertura del proceso penal en que Gómez presuntamente se aprovechó de su condición familiar en beneficio propio.
Además, el auto judicial incluye de forma oficial al empresario Juan Carlos Barrabés. En concreto, Barrabés afrontará cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. Por esta razón, el entorno legal de la causa se amplía de manera significativa hacia el ámbito corporativo corporativo. Por añadidura, Peinado abrió una pieza separada dentro de la investigación penal por supuestos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en relación con los contratos de Barrabés.
Tensión entre los criterios judiciales y la postura de La Moncloa
Con esta decisión, Peinado adopta formalmente la petición de la acusación popular que encabeza la organización Hazte Oír. Por consiguiente, el juzgado desoye por completo el criterio de la Fiscalía, que se oponía abiertamente a fijar medidas restrictivas de libertad. Sin embargo, el instructor argumentó que las diligencias practicadas evidencian la existencia de «indicios racionales de criminalidad».
A su vez, desde el Palacio de la Moncloa han rechazado de forma tajante el contenido del escrito judicial. Según fuentes del Gobierno, la instrucción del caso carece de todo sentido técnico y obedece únicamente a motivaciones de índole política. Además, el Ejecutivo criticó que el auto sugiera que los agentes policiales de escolta podrían colaborar en una hipotética fuga de la acusada. Para el Gobierno, estas afirmaciones constituyen un claro ejemplo del despropósito de la actuación del magistrado. Por último, el entorno de Gómez ya ha confirmado que presentará un recurso formal contra las medidas cautelares adoptadas.
