La Jurisdicción Agraria será realidad en 2027 tras fallo de la Corte. Martha Carvajalino y Juan Felipe Harman urgen al Congreso ley de procedimiento.
BOGOTÁ — 29 de abril de 2026. Tras una década de espera desde la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Agraria se consolida como una realidad jurídica en Colombia. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-099 de 2026, respaldó la demanda interpuesta por el Gobierno Nacional y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura la implementación progresiva de jueces y tribunales especializados. En consecuencia, el país contará con una autoridad dedicada exclusivamente a resolver litigios sobre la tenencia de la tierra, la producción agrícola y los baldíos.
El fallo pone fin a un vacío institucional que mantenía estancados miles de procesos y busca materializar el Punto 1 de la Reforma Rural Integral. La administración central vincula este avance con la meta de redistribución de 3 millones de hectáreas, asegurando que la seguridad jurídica es el cimiento necesario para una paz estable y duradera.
El fin del letargo judicial: 16.400 hectáreas en vilo
La creación de esta justicia especializada responde a la parálisis técnica que enfrentaban los procesos de tierras bajo el régimen ordinario. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), actualmente existen demandas que involucran 16.400 hectáreas que no han superado la etapa de admisibilidad por falta de jueces expertos. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que la Sentencia C-099 es un mandato de urgencia para el Estado.
En este sentido, la nueva arquitectura judicial se fundamenta en cinco pilares operativos diseñados para el contexto rural:
- Oralidad e Itinerancia: Los jueces se desplazarán al territorio para recoger pruebas y realizar audiencias en el lugar de los hechos, eliminando las barreras de acceso para el campesinado.
- Celeridad y Papel Activo: Se busca romper con la lentitud histórica mediante procesos hablados y jueces con iniciativa propia para resolver problemas de fondo.
- Decisiones Integradoras: Un solo proceso judicial deberá resolver todos los conflictos relacionados con un mismo predio, ya sean entre particulares o frente al Estado.
El reto legislativo: 15 sesiones para materializar la reforma
A pesar del espaldarazo de la Corte, la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción depende de una pieza normativa clave en el Congreso de la República. Juan Felipe Harman, director de la ANT, y la ministra Carvajalino han reiterado la urgencia de aprobar la ley ordinaria de procedimiento agrario antes del 20 de junio. Esta ley es indispensable para completar el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023.
Ante esta realidad, el Gobierno enfatiza que la Agencia Nacional de Tierras debe mantener sus facultades administrativas para tomar decisiones de fondo mientras los tribunales inician su operación en 2027. Cabe subrayar que, a la fecha, el Gobierno ha gestionado alrededor de 770.000 hectáreas, y se proyecta cerrar procesos administrativos sobre otras 60.000 hectáreas adicionales en lo que resta de 2026. La Jurisdicción Agraria se encargará de dirimir disputas sobre propiedad, uso del suelo, servidumbres y la nulidad de actos administrativos, protegiendo especialmente al «más débil» en las relaciones rurales.
Hacia una paz territorial con seguridad jurídica
En resumidas cuentas, la decisión de la Corte Constitucional salda una deuda histórica con las comunidades rurales, campesinas y étnicas. Finalmente, la especialidad de esta jurisdicción permitirá que los problemas del campo dejen de depender de jueces civiles que, en ocasiones, desconocen la particularidad de la producción y la tenencia agraria.
Por otra parte, la atención se traslada ahora al Capitolio Nacional, donde el Congreso deberá decidir si otorga las herramientas definitivas para que en 2027 la Reforma Agraria cuente con su propio brazo judicial.
