Corantioquia precisa estado de Mina Mandinga en Cáceres. Diferencia entre título minero (ANM) y licencia ambiental en Bajo Cauca.
MEDELLÍN — 29 de abril de 2026. Ante la controversia generada por actividades mineras en el sector Mandinga (Cáceres), Corantioquia emitió un pronunciamiento técnico para aclarar el alcance de su intervención en el Bajo Cauca antioqueño. La Corporación enfatizó que, conforme al artículo 332 de la Constitución, el subsuelo es propiedad del Estado y su administración compete exclusivamente a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Corantioquia aclaró que no tiene facultad para asignar títulos, sino que su función inicia una vez otorgado el título minero, evaluando entonces la viabilidad del impacto ambiental. Bajo este escenario, la autoridad ambiental subrayó que los retos de orden público en la subregión condicionan la operatividad institucional, pero no han frenado las labores de seguimiento que se realizan desde 2011 ante organismos de control y fiscalía.
Radiografía técnica del sector Mandinga: Formalización vs. Informalidad
Para brindar transparencia sobre los proyectos específicos en la vereda Río Man, Corantioquia detalló el estado de los dos polígonos bajo observación mediática. Esta diferenciación es clave para entender qué actividades operan bajo el amparo de la ley y cuáles se consideran informales:
- Mina Mandinga (ODH-08201): Este proyecto cuenta con una licencia ambiental temporal desde 2022 para la explotación de oro y plata. El proceso se enmarca en la estrategia de formalización minera y, según datos de georreferenciación, se ubica a aproximadamente un kilómetro del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles.
- Polígono LID-09161: A diferencia del anterior, este trámite no dispone de licencia ambiental aprobada. Aunque existe una solicitud de formalización, la autoridad ambiental no ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en este punto específico.
Cualquier intervención por fuera de estos marcos legales es catalogada como minería informal, cuya atención en flagrancia corresponde a la Fuerza Pública y no directamente a la autoridad ambiental, aunque esta última mantiene procesos sancionatorios activos por impactos ecológicos no autorizados.
El desafío de la Ciénaga Colombia y la soberanía estatal
La situación en Cáceres no solo es un asunto de títulos, sino de protección de ecosistemas estratégicos. Corantioquia hizo un llamado a los mineros de la zona para avanzar hacia la legalidad como única vía para proteger la Ciénaga Colombia, ecosistema que se encuentra actualmente en proceso de declaratoria como área protegida.
En este sentido, la Corporación exhortó a un fortalecimiento de la presencia articulada del Estado en el Bajo Cauca. La coexistencia de títulos mineros con zonas de seguridad nacional —como las cercanías a bases militares— es una verificación que recae sobre la ANM, mientras que Corantioquia se concentra en prevenir y corregir los daños derivados de la extracción de recursos en una región históricamente golpeada por la ilegalidad.
La formalización como escudo ambiental
En resumidas cuentas, el caso Mandinga ilustra la complejidad de la minería en territorios con tensiones de seguridad y propiedad del subsuelo. Finalmente, la postura de Corantioquia reafirma que la licencia ambiental no es un derecho automático del propietario de un predio, sino un instrumento condicionado a la legalidad minera estatal.
Por otra parte, la declaratoria de la Ciénaga Colombia como área protegida será el próximo gran hito que definirá los límites de la explotación de oro en esta subregión.
