New York, 3 de enero de 2026. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York tras su captura en la operación militar ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026. Ambos enfrentarán juicio en territorio estadounidense por delitos graves relacionados con narcotráfico y posesión de armamento.
Detalle de los cargos imputados
Nicolás Maduro ha sido acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense.
Cilia Flores, por su parte, figura como coimputada en el expediente, aunque los detalles específicos de sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo. Estas acusaciones se derivan de investigaciones del Departamento de Justicia iniciadas años atrás, que incluyeron testimonios de cooperantes y evidencia de envíos de sustancias controladas.
Bondi enfatizó que ambos «pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo y tribunales estadounidenses», destacando la coordinación entre el Departamento de Justicia y las fuerzas armadas para ejecutar la detención.
Reconocimiento a la operación militar
La fiscal general expresó gratitud al presidente Donald Trump por su decisión de exigir responsabilidades, así como a las unidades militares involucradas en la captura. La operación, que incluyó ataques aéreos selectivos en Caracas y regiones adyacentes, permitió la extracción segura de Maduro y Flores sin bajas reportadas en el personal estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, había anticipado que no se prevén acciones militares adicionales una vez completada la detención.
Contexto judicial y antecedentes
Los cargos se sustentan en la acusación formal presentada en 2020 y actualizada posteriormente, que vincula a Maduro con el denominado «Cartel de los Soles», una presunta organización integrada por altos funcionarios venezolanos dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La recompensa ofrecida por información leading a su captura alcanzó los 50 millones de dólares en 2025.
El Distrito Sur de Nueva York, conocido por procesar casos complejos de narcotráfico internacional, será el foro donde se desarrollará el juicio, con posibles implicaciones para otros funcionarios venezolanos mencionados en el expediente.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La imputación formal y el inminente proceso judicial intensifican la incertidumbre institucional en Venezuela, poseedora de las mayores reservas certificadas de petróleo a nivel global. Los precios del crudo Brent y WTI mantuvieron alzas superiores al 5% en las sesiones europeas iniciales del 3 de enero, ante expectativas de interrupciones en exportaciones venezolanas ya restringidas por sanciones.
Inversores en bonos soberanos y deuda de PDVSA enfrentan riesgos elevados de reestructuración forzada o default técnico en un escenario de transición prolongada. Persistencia de controles cambiarios podría limitar flujos de capital extranjero en el corto plazo, afectando balanzas comerciales regionales y remesas hacia países receptores.
Un eventual levantamiento gradual de sanciones, condicionado a avances en gobernabilidad, abriría oportunidades para recuperación de producción petrolera, con proyecciones de incrementos de hasta 800.000-1.000.000 barriles diarios en un horizonte de 24-36 meses. Esto estabilizaría mercados energéticos globales y reduciría presiones migratorias en la región andina.
Analistas estiman que la resolución judicial en Estados Unidos y la evolución de la sucesión en Caracas definirán trayectorias de riesgo para activos emergentes, con impactos directos en volatilidad de commodities y atracción de inversión extranjera directa en hidrocarburos.
La conclusión del proceso penal marcará un precedente en la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense contra líderes extranjeros acusados de narcotráfico.
