Bogotá, 15 de septiembre de 2025. – El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala Penal, ha proferido una decisión que podría tener un impacto significativo en la investigación que se adelanta contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. La Corte ha declarado como legales las órdenes de interceptación de comunicaciones que se realizaron en el marco de la investigación por presuntas irregularidades contractuales durante la gestión de Rendón como alcalde del municipio de Rionegro.
Este fallo, que revoca una decisión anterior que había negado la legalidad de dichas pruebas, representa una victoria para la Fiscalía General de la Nación y valida su método de investigación en este caso de alto perfil.
Sustento de la decisión
La decisión, que se conoció este lunes 15 de septiembre, se sustenta en que las escuchas, realizadas entre el 14 y el 27 de mayo de 2025, fueron consideradas por el Tribunal como «necesarias, útiles y proporcionales» para el avance de la indagación. En el contexto legal, esto significa que el Tribunal determinó que la información no podía ser obtenida por medios menos intrusivos, que era directamente relevante para los hechos investigados y que la afectación a la privacidad de los involucrados se justificaba plenamente por el interés general en la lucha contra la corrupción. De manera específica, el caso se centra en la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) en los barrios de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro. La decisión judicial legitima el uso de esta evidencia en futuras etapas del proceso penal.
El fallo, con ponencia de la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, subraya que la Fiscalía cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales en la ejecución de las interceptaciones. La Corte revisó y encontró que se respetaron principios fundamentales como el debido proceso y la cadena de custodia, reforzando la solidez de la evidencia recolectada. Este respaldo judicial es crucial para el ente investigador, pues le permite avanzar con la certeza de que una parte fundamental de su material probatorio no podrá ser desestimada por vicios de forma. No obstante, el Tribunal ordenó la cancelación de las órdenes de interceptación, pues los informes con la información recopilada ya habían sido entregados en el marco de la investigación.
Impacto y relevancia
El caso cobra especial relevancia no solo por la figura del investigado, un gobernador en ejercicio, sino también por el mensaje que envía la justicia sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción. La validación de estas herramientas investigativas en casos de altos funcionarios refleja la determinación del sistema judicial de no permitir que la posición política de un individuo sirva de escudo ante posibles irregularidades.
Aunque la decisión no emite un veredicto de culpabilidad, sí abre el camino para que la Fiscalía formalice una acusación, lo que llevaría el caso a un juicio. Este desarrollo legal seguramente intensificará el escrutinio político sobre la administración departamental, y la opinión pública seguirá de cerca cada paso de un proceso que definirá la responsabilidad de un líder que ocupa uno de los cargos más importantes del país.
