La realización de una consulta popular en Colombia podría costar más de 500 mil millones, según estimaciones de analistas. Este cálculo se basa en la última consulta realizada en 2018, conocida como la Consulta Anticorrupción, que tuvo un costo cercano a los $240.000 millones, según la Misión de Observación Electoral (MOE), y más de $300 mil millones, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos costos incluyen la capacitación de jurados, logística de transporte, seguridad e impresión de material electoral, entre otros gastos operativos.
Dado el aumento de la inflación y los costos logísticos en los últimos años, se espera que una consulta nacional supere ampliamente los valores de 2018. Este monto sería asumido por el Gobierno a través de las entidades electorales, lo que ha generado debate sobre la viabilidad y conveniencia de este mecanismo de participación. Algunos analistas argumentan que, en un contexto de restricciones fiscales, este gasto podría destinarse a otras prioridades como salud, educación o infraestructura, que son urgentes para el país.
La discusión sobre la consulta popular también ha puesto en evidencia las divisiones políticas en el país. Mientras algunos sectores la ven como una herramienta para fortalecer la democracia participativa, otros la consideran un gasto innecesario en un momento de ajustes económicos. El debate sigue abierto, pero por ahora no hay claridad sobre si se llevará a cabo una nueva consulta en el corto plazo, especialmente considerando los altos costos y la complejidad logística que implica.
