El Gobierno Nacional ha anunciado una estrategia de austeridad para 2025 que incluye estrictas medidas de reducción del gasto público. El plan, delineado en un documento técnico del Ministerio de Hacienda, establece que las entidades financiadas con el Presupuesto General de la Nación (PGN) deberán priorizar únicamente los contratos esenciales, aquellos que no puedan ser asumidos por personal de planta.
El documento señala que las entidades no podrán celebrar nuevos contratos que dupliquen funciones ya asignadas, salvo autorización expresa de las máximas autoridades de cada organismo. Además, se instruye a limitar las horas extras, garantizando su relación directa con la necesidad operativa. Estas disposiciones buscan mitigar el impacto fiscal y generar ahorros significativos en el gasto de funcionamiento.
Según Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la medida afectará directamente a unos 300 contratistas en esta entidad, donde los contratos se reducirán de 800 a 500. A nivel nacional, la cifra de contratistas asciende a 900.000, lo que supone una tarea monumental de ajuste por parte del Gobierno. Bolívar enfatizó que los recortes priorizarán la eliminación de contratos múltiples, minimizando así el impacto en quienes dependen exclusivamente de un contrato estatal.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó el plan como un paso necesario para controlar el gasto desbordado en funcionamiento, que ha aumentado un 40% en cinco años. En 2022, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que este incremento alcanzó los $87,5 billones, destacando el desmedido crecimiento en órdenes de prestación de servicios.
Este plan responde también al fracaso de la reforma tributaria de 2024, que buscaba recaudar $12 billones para aliviar las presiones fiscales. Aunque los analistas valoran la decisión como un mensaje positivo hacia el control del gasto, el impacto en los contratistas plantea importantes desafíos sociales y económicos para el próximo año.
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