Imagen: Cortesía
Escrito por: Claudia Bustamante
En Colombia, la inflación anual de septiembre llegó a 11,44 %, lo que muestra el dato es que nuevamente fueron los alimentos y los gastos relacionados con la vivienda los que más se incrementaron durante ese periodo. Es importante anotar que desde hace 23 años no se registraba una cifra tan alta por causa de diferentes coyunturas que se han presentado en la actualidad.
Los rezagos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, los efectos del contexto global en logística y abastecimiento, los altos precios de materias primas, el conflicto Ucrania-Rusia, la subida de tasas de interés y la devaluación histórica del peso colombiano frente al dólar. En palabras sencillas, la inflación en Colombia es principalmente importada, puesto que resultó del aumento de los costos y la devaluación del tipo de cambio, lo que pueden llevar a que este efecto inflacionario se prolongue más allá de lo estipulado, sobre todo en América Latina.
Dicho esto, y ad portas de la discusión del salario mínimo para el 2023, es importante recordar que La Constitución ordena que el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación, más un punto de productividad laboral, que consiste en ese aporte que hacen los trabajadores formales en el crecimiento de la producción y de la actividad económica.
Un aumento injustificado o demasiado alto que, si bien suena beneficioso para los trabajadores formales, puede resultar perjudicial para todos los colombianos. En primer lugar, el desempleo en Colombia continúa estando a dos dígitos, razón por la cual, encarecer el costo de la mano de obra formal, además de poner en riesgo los empleos actuales y desincentivar la creación de nuevos, incide directamente en el aumento de la informalidad.
Otro aspecto relevante es el riesgo inflacionario que el aumento del salario mínimo representa. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el DANE, en agosto nuestro país registraba una tasa de informalidad del 57,5 %, más de la mitad de los colombianos ocupados son informales y reciben menos del salario mínimo, razón por la cual, no se beneficiarían de ese aumento, pero sí se verían afectados en su costo de vida. Adicionalmente, hay costos y precios de nuestra economía que están indexados al salario mínimo, en especial, en materia pensional, con lo cual, el costo fiscal puede ser muy alto.
Como país se debe dar una discusión responsable frente a los efectos que puede tener un aumento injustificado, que, si bien dará una ilusión monetaria a los trabajadores sobre el incremento en el poder adquisitivo, se debe tener mesura a la hora de definir dicho valor para 2023, porque al aumentar los salarios, los empresarios deben aumentar los precios de los productos para compensar la subida de los salarios, y entonces empiezan a aumentar los precios de los insumos que se convierten en la base para aumentar los precios de los productos finales y entramos en una cadena de indexación que nos lleva a niveles más altos de inflación. Adicionalmente, puede ir en contra de la generación y protección del empleo.
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