Foto: Cortesía
Como muy grave califican los integrantes de las diferentes empresas de juegos de suerte y azar la situación que vive actualmente dicho sector en Colombia, ya que según ellos, se está atacando directamente al comerciante legal llenándolo de impuestos que no están acordes con sus ingresos reales, lo cual en un corto plazo desencadenará en el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas de esta industria del entretenimiento.
Para León Darío Montoya, asesor jurídico del Consorcio Nacional de Concesionarios de Juegos de Suerte y Azar, Connazar, “las cifras muestran que no son más de 360 empresas en total quienes operan casinos y bingos en todo el país con establecimientos de máximo 15 o 20 máquinas en su gran mayoría, en un mediano porcentaje las que presentan entre 20 y 50 máquinas y una mínima porción que cuentan con más de 50 máquinas.
Por tal motivo, las pequeñas empresas que por más de 30 años vienen trabajando en este mercado, no han encontrado en la legislación actual un punto de apoyo para poder crecer al ritmo que el mercado lo demanda.
Por el contrario, lo que se viene presentando es un decrecimiento en los ingresos reales, lo cual ha obligado a muchas pequeñas empresas de este tipo a desaparecer, lo que se ha evidenciado desde el año 2010 con la reforma de la Ley 643 de 2001”.
La Reforma Tributaria que en este momento está tratando de sacar adelante el Gobierno Nacional, también representa para el caso de los juegos de suerte y azar, especialmente los localizados (bingos y casinos), un nuevo golpe a la pequeña industria del sector que por muchos años le ha apostado a la legalidad y la transparencia en el país para apoyar la salud de los colombianos a través de sus correspondientes aportes, ya que se suma a las diferentes medidas coercitivas como la imposición del IVA del 5% en el 2004 sin una base legal ni estudios técnicos y su incremento al 16% en el año 2009 tras la emergencia económica, la cual sólo sería por 3 años, y que luego en el 2012 se dejó de manera indefinida, sin contar con que dicha actividad viene soportando otras grandes cargas tributarias y debe pagar al Estado los denominados Derechos de Explotación que son los que tienen como destinación específica la salud pública de los colombianos.
El asesor jurídico de Connazar, resalta que “lo que actualmente se está haciendo con el tema de la bancarización del reporte de premios como gastos, de la aplicación de una base presuntiva como piso y una liquidación real de un porcentaje del 12% sobre el ingreso bruto, provocará en muy poco tiempo la desaparición definitiva debido a la insostenibilidad de la pequeña empresa de los juegos de suerte y azar”.
Además, asegura que “si el impuesto se hace sin un estudio técnico que determine los verdaderos ingresos que pueden obtenerse, sino que simplemente se fije de una manera inconsulta y con falta de conocimiento de la operación una determinada tasa y que esta se deba pagar independientemente de que el ingreso no sea suficiente para costearlo, el empresario termina sacando de otros rubros el dinero para cubrir el costo tributario que no se deriva directamente de la operación. Por eso, cuando se ataca dicha propiedad privada, disimuladamente lo que se está haciendo es confiscando esa porción del patrimonio por el cual ha trabajado legalmente por muchos años el empresario”.
Montoya finaliza aseverando que “el crecimiento de la industria legal, la cual lleva estancada muchos años, se ve afectada debido a que esos espacios que se van cediendo, pueden ser remplazados por la industria ilegal, lo que llevaría al no recaudo estipulado por la Ley para el sector de la salud colombiana, incrementado el caos que actualmente viven millones de pacientes en todo el país”.
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