El reporte GBCI 2026 ubica a Colombia en el top 10 de países más complejos para operar. Descubra los retos fiscales y laborales.
Bogotá, 13 de mayo de 2026. La edición 13.ª del Global Business Complexity Index (GBCI), publicada por TMF Group, confirma que la operatividad empresarial en el país sigue siendo un terreno de alta exigencia. En este reporte anual, que analiza 81 jurisdicciones globales, Colombia se posiciona como el sexto país más difícil para operar. Aunque representa una ligera mejora frente al quinto puesto ocupado en 2025, la nación se consolida dentro del «top 10» de mercados con mayores barreras normativas, un factor determinante para quienes buscan hacer negocios en Colombia.
Un entorno de cambios normativos constantes
La complejidad del mercado colombiano no es un fenómeno aislado, sino estructural. Las autoridades actualizan con frecuencia la legislación fiscal, especialmente en normativas relacionadas con el IVA y políticas para patrimonios elevados. Esta volatilidad obliga a las multinacionales a mantener una capacidad de adaptación inmediata, lo que eleva significativamente los costos de cumplimiento. Además de la carga tributaria, la gestión legal de las entidades y la rigurosidad en los informes anuales sobre accionistas incrementan la presión sobre los departamentos de gobernanza.
América Latina: El epicentro de la complejidad operativa
El reporte resalta una tendencia preocupante para la región: 6 de los 10 países más complejos del mundo son latinoamericanos. Junto a Colombia, figuran potencias regionales como México y Brasil, además de Bolivia, Argentina y Perú. En contraste, jurisdicciones como Dinamarca y los Países Bajos se mantienen como referentes de simplicidad. Para los inversionistas, esta fragmentación regulatoria implica que hacer negocios en Colombia requiere una estrategia de mitigación de riesgos mucho más robusta que en otros mercados emergentes.
Digitalización y flexibilidad laboral
A pesar del panorama retador, la digitalización emerge como un alivio operativo. En 2026, el 58% de las jurisdicciones ya exigen facturación electrónica, una tendencia que en Colombia ha permitido agilizar ciertos procesos de registro y fiscalización. Sin embargo, los beneficios de la tecnología se ven contrapesados por una legislación laboral dispendiosa y los recientes incrementos en el salario mínimo. Según los expertos de TMF Group, la incertidumbre política previa a las elecciones presidenciales será un factor adicional que las compañías deberán monitorear para asegurar su crecimiento en el país.
