BOGOTÁ —24 de marzo de 2026. La Contraloría General de la República ha emitido un fuerte pronunciamiento que pone en duda el futuro inmediato del traslado de ahorros pensionales desde las AFP hacia el régimen público. En un análisis preliminar, el organismo de control advirtió que el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo es inviable, señalando que contradice directamente la Ley 2381 de 2024.
El informe es contundente: convertir el ahorro pensional en gasto corriente no solo es un riesgo jurídico, sino una amenaza fiscal que trasladaría pesadas cargas económicas a las futuras generaciones de colombianos.
Los puntos críticos del informe
La advertencia de la Contraloría se centra en la protección de los recursos de miles de ciudadanos que aún no han consolidado su derecho a la pensión:
- Administración de los recursos: Según el artículo 76 de la Ley 2381, los valores en las cuentas de ahorro individual deben seguir siendo administrados por las AFP. El traslado masivo pretendido por el Gobierno chocaría con esta norma superior.
- Población afectada: De las 119.496 personas trasladadas, la gran mayoría (100.989) aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Sus ahorros suman cerca de $24,7 billones que, según el ente de control, no deberían pasar a Colpensiones en este momento.
- El vacío del Fondo de Ahorro: Para los 18.507 afiliados que ya tienen derecho a su mesada, el Decreto 1225 de 2024 estipula que sus recursos deben permanecer en las AFP hasta que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo entre en operación, algo que aún no ha sucedido.
Impacto económico en cifras
El análisis desglosa el flujo de dinero que entraría en disputa si el decreto llegara a ejecutarse:
| Concepto | Monto Anual Estimado |
| Aportes de no pensionados | $686.642 Millones |
| Mesadas de nuevos pensionados | $443.684 Millones |
| Total ahorros en disputa | $24,7 Billones |
¿Qué pasará ahora?
La Contraloría ha dejado claro que, bajo la normativa vigente, la medida no tiene piso legal. Sin embargo, el escenario podría dar un giro de 180 grados dependiendo de la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la revisión de la reforma pensional (actualmente suspendida).
Sin duda, este pronunciamiento genera un respiro para las AFP pero aumenta la incertidumbre para los afiliados que ya iniciaron sus trámites de traslado. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo deberá ajustar su hoja de ruta para evitar procesos de responsabilidad fiscal. Finalmente, la batalla por el ahorro de los colombianos se traslada ahora a los estrados judiciales, donde se definirá quién tendrá la llave de los $24,7 billones.
