Bogotá, 1 de diciembre de 2025. El Ministerio del Trabajo instaló oficialmente este lunes la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para definir el salario mínimo 2026, un proceso que, según la Ley 278 de 1996, debe culminar en consenso antes del 16 de diciembre o por decreto presidencial hasta el 30 del mismo mes. En su primera sesión, el ministro Antonio Sanguino enfatizó el impacto vital del ajuste para 12 millones de trabajadores que devengan hasta un salario mínimo, vinculándolo a la «justicia laboral» y al crecimiento económico bajo el Gobierno de Gustavo Petro.
Sanguino saludó la presencia de gremios como Andi, Acopi y SAC, así como de las centrales sindicales, pero reprochó la ausencia de Fenalco, representada por Jaime Alberto Cabal. «Los tenderos y dueños de supermercados de barrio, a quienes Cabal dice representar, deben estar molestos con su negativa a concurrir, actuando más como opositor político que como líder gremial», declaró el ministro, recordando que la ley obliga a la participación.
Crecimiento económico y empleo: los argumentos del Gobierno
El ministro destacó los logros del mandato presidencial: un incremento real de ingresos de 17 % en los últimos años, con subidas nominales del 37,6 %, que impulsaron el PIB al 3,6 % según el Dane y redujeron el desempleo al 8,2 % —el más bajo del siglo—. «Sin fuerza laboral no hay riqueza ni crecimiento. Esto se complementa con la reforma laboral para una agenda progresista de derechos y trabajo digno», afirmó, subrayando el aumento de la masa salarial y la inflación controlada.
Sanguino reiteró el compromiso con un «incremento real» que garantice un mínimo vital, citando la OIT: el salario vital para una familia de cuatro es de $3 millones, y el ajuste de 2025 dejó una brecha del 13,3 %. «No es una camisa de fuerza, pero es un buen espejo de dignidad», dijo.
Discusión técnica: productividad en el centro, sin «cuentas alegres»
La sesión inicial se centró en el factor de productividad, con aportes del Dane (0,91 % en PTF y -0,32 % por persona ocupada). «Queremos una discusión leal y seria, sin especulaciones ni cuentas alegres de los últimos días», instó Sanguino, quien consultará al presidente Petro para alinear posiciones gubernamentales con datos de DNP, MinHacienda y MinComercio.
Ante preguntas, aclaró que la productividad se definirá en las fórmulas de propuesta, contrastando mediciones de cada sector. Sobre desindexación, anunció examen del impacto en vivienda de interés social y prioritaria, «un asunto vital que no debería afectarse por el salario mínimo».
Calendario y desafíos: del 1 al 15 de diciembre, con reforma laboral en paralelo
El cronograma es ajustado: propuestas formales de sindicatos y empresarios el 9 de diciembre, con vencimiento el 15 de diciembre a las 11:59 p.m. para un acuerdo tripartito. De no lograrlo, Petro decretará el monto. Sanguino defendió un borrador de decreto contra tercerización ilegal: «Escuchamos comentarios, como con Acopi, pero rechazamos tremendismos de catástrofes laborales. Buscamos incluir concepto de la OIT para erradicar abusos sin afectar empleo».
El ministro también respaldó a periodistas afectados por despidos en Caracol S.A., ordenando suspensión temporal: «Este ministerio protege derechos laborales en todos los sectores, incluyendo medios».
Implicaciones para 2026: entre justicia social y sostenibilidad económica
La instalación marca el inicio de una negociación tensa, con sindicatos pidiendo dos dígitos (mínimo 11 %) y gremios abogando por prudencia (IPC 5,2 % + productividad ~1 %). Sanguino vinculó el debate a la reforma laboral pendiente, argumentando que un salario mínimo robusto impulsa consumo y PIB sin desanclar inflación. Sin embargo, ausencias como la de Fenalco y críticas a «oposición irracional» podrían complicar el consenso, dejando la pelota en manos de Petro si no hay acuerdo.
Para millones de hogares, el resultado definirá no solo el ingreso nominal ($1,3 millones aprox. actual), sino la equidad: un aumento real podría elevar la masa salarial en $20 billones, pero excesivo arriesga informalidad (ya 56,1 %). La mesa de diciembre será prueba de madurez para un pacto social en tiempos de recuperación post-pandemia.
