S&P Global Ratings redujo la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Colombia de ‘BB+’ a ‘BB’, con perspectiva negativa, marcando un punto de inflexión en la percepción internacional sobre las finanzas del país. Esta decisión, que se suma al ajuste previo de Moody’s, ha dejado un panorama de incertidumbre que ya empieza a reflejarse en la economía nacional. Con Colombia posicionada en la segunda categoría más baja de la escala de S&P, a solo un paso de la calificación ‘B’ —asociada a alta vulnerabilidad—, las consecuencias de esta rebaja están comenzando a tomar forma, afectando desde los costos de endeudamiento hasta la confianza de los inversionistas.
El análisis de S&P identificó cuatro factores determinantes detrás de la decisión: el deterioro de las cuentas fiscales, que alcanzó un desequilibrio del 6,1% del PIB en 2024 con proyecciones de 7,1% para 2025; el aumento sostenido de la deuda pública, proyectada a superar el 64% del PIB entre 2025 y 2028; la creciente carga del servicio de la deuda, que podría representar hasta el 5% del PIB en 2026; y la ausencia de una regla fiscal efectiva tras su suspensión en los últimos tres años. Esta combinación ha generado un efecto dominó que los expertos ya califican como una advertencia clara sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Impacto en los costos de endeudamiento y el sector privado
Una de las consecuencias más inmediatas es el incremento en los costos de financiamiento. Con una calificación más baja, el gobierno y las empresas colombianas enfrentan tasas de interés más altas al emitir deuda en los mercados internacionales. Esto no solo encarece el servicio de la deuda pública, sino que también presiona a las compañías privadas, especialmente a las que dependen de crédito externo, como las del sector energético y de infraestructura. Los analistas estiman que el sobrecosto podría oscilar entre un 0,5% y 1% adicional en las tasas, lo que representa millas de millones de dólares en intereses a mediano plazo.
Además, la perspectiva negativa de S&P, que sugiere un riesgo de nueva rebaja en los próximos 18 meses si no se estabilizan las cuentas fiscales, ha generado cautela entre los inversionistas. Esto podría traducirse en una menor entrada de capital extranjero, afectando proyectos de inversión clave y ralentizando la recuperación económica pospandemia. Sectores como el turismo y la construcción, que dependen de la estabilidad macroeconómica, ya muestran señales de preocupación, con retrasos en decisiones de expansión.
Perspectiva del exministro Juan Manuel Restrepo Abondano
El exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo Abondano, en diálogo con ABC Economía, ofreció un análisis detallado sobre las implicaciones de esta rebaja, incluyendo el impacto de la decisión de Moody’s, que colocó a Colombia al borde de perder el grado de inversión. «La decisión de Moody’s de bajar la calificación es la materialización de algo que se había anticipado, desde que las calificadoras cambiaron la perspectiva de estable a negativa. Nos pone en el borde entre tener o no grado de inversión, pero Colombia lo mantiene gracias a la fortaleza institucional reconocida por Moody’s, incluyendo el papel del Banco Central y la capacidad para sortear este problema en el futuro», explicó Restrepo.
Sin embargo, el exministro fue enfático al señalar que las razones detrás de estas calificaciones reflejan errores de política fiscal. «Están directamente relacionados con un marco fiscal de mediano plazo no creíble, agravado por la suspensión de la regla fiscal, una decisión equivocada que eleva el déficit fiscal y el nivel de deuda pública. Esto afecta la autoridad del manejo macroeconómico, incrementa los costos de intereses de la deuda y reduce el espacio para inversión productiva y social en el presupuesto, priorizando los pagos de deuda», afirmó.
Restrepo ve en esto un llamado de atención al gobierno para ajustar su gestión financiera, aunque reconoce que la resiliencia institucional podría mitigar riesgos a largo plazo si se toman medidas oportunas.
Presión política y ajuste fiscal
La rebaja también ha intensificado la presión política sobre el gobierno para implementar un ajuste fiscal urgente. Sin una regla fiscal robusta, los límites al déficit, que antes servían de ancla, han sido suspendidos, dejando espacio a una gestión más discrecional pero menos predecible. Expertos sugieren que medidas como el aumento de impuestos o la reducción del gasto público podrían ser necesarias, aunque ambas opciones enfrentan resistencia en un contexto de desaceleración económica y alta inflación acumulada. La visión de Restrepo refuerza esta necesidad, aunque advierte que la falta de consenso político podría agravar la situación.
Efectos sociales y regionales
A nivel social, la creciente carga de la deuda podría limitar el espacio fiscal para los programas sociales, afectando a los estratos más vulnerables que dependen de subsidios y transferencias. En regiones como el Pacífico, donde la participación en los ingresos de las 1.000 empresas más grandes es menor al 10%, según datos recientes de la Superintendencia de Sociedades, el impacto podría exacerbar las desigualdades, al reducir los recursos disponibles para el desarrollo regional.
Perspectivas a futuro
A una hora de la decisión de S&P, el panorama sugiere que Colombia enfrenta un momento crítico. La ventana de 18 meses para estabilizar las finanzas es un desafío que coordinará entre el gobierno, el Congreso y el sector privado. Si las medidas no llegan a tiempo, el país podría ver una nueva rebaja, con graves implicaciones para su acceso a los mercados de capital y su estabilidad económica. La fortaleza institucional destacada por Moody’s y Restrepo ofrece una base para la recuperación, pero el éxito dependerá de un ajuste fiscal creíble que restaure la confianza sin sacrificar el crecimiento del PIB. Por ahora, la atención está puesta en las próximas acciones del gobierno, mientras los inversionistas evalúan cualquier señal de deterioro adicional.
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