La aprobación de la reforma laboral en el Senado de Colombia ha desatado una fuerte controversia, con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) calificándola como una “decisión equivocada” que amenaza la recuperación económica y el empleo formal. Según el gremio, liderado por Jaime Alberto Cabal, la reforma incrementará los costos laborales entre un 18% y un 34%, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 98% del tejido empresarial del país.
Una reforma bajo presión política
FENALCO denuncia que la aprobación de la reforma laboral en el Senado no fue resultado de un análisis técnico ni de un diálogo tripartito, como lo exige la Constitución, sino de un cálculo político para evitar la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. “Una reforma considerada inviable hace meses no puede presentarse ahora como buena solo porque frena una consulta costosa y engañosa”, afirmó Cabal, cuestionando la legitimidad del proceso legislativo.
El proyecto, que superó su cuarto debate con 57 votos a favor y 31 en contra, incluye medidas como el aumento gradual del recargo dominical y festivo al 100% hasta 2027, el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p.m. y la preferencia por contratos a término indefinido. Aunque el Gobierno celebra estas medidas como un avance hacia la equidad laboral, FENALCO advierte que su impacto será devastador para las mipymes, que generan la mayoría del empleo formal en Colombia.
Impacto económico: Incremento de costos y pérdida de empleos
Uno de los principales argumentos de FENALCO es el aumento de los costos laborales, que oscilarían entre un 18% y un 34% según el sector y el tamaño de la empresa. Comercios como tiendas, panaderías, cafeterías, restaurantes y negocios que operan en horarios nocturnos o fines de semana serán los más afectados. “La reforma penaliza precisamente a quienes más empleo generan”, señaló Cabal, destacando que sectores como la gastronomía, el turismo, la vigilancia y el transporte enfrentarán mayores dificultades.
Un estudio del Banco de la República, citado por FENALCO, estima que la reforma podría destruir más de 454,000 empleos formales, contradiciendo el objetivo de mejorar la calidad laboral. Además, el gremio advierte que el incremento de costos desincentivará la contratación formal, impulsará la informalidad (que ya afecta a más de 13.6 millones de trabajadores) y generará una cadena de efectos negativos: cierres de negocios, aumento de precios para los consumidores y reducción de oportunidades laborales.
Por ejemplo, el cambio en la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7:00 p.m., incrementará los costos operativos de negocios como conjuntos residenciales, que dependen de servicios de vigilancia nocturna. Esto podría traducirse en mayores cuotas de administración para los hogares, afectando directamente a las familias colombianas.
Críticas al proceso legislativo
FENALCO también cuestiona la falta de concertación tripartita, un mecanismo constitucional que obliga a incluir a trabajadores, empleadores y el Gobierno en la discusión de reformas laborales. Según Cabal, el Senado ignoró las preocupaciones del sector empresarial y estudios técnicos, cediendo a presiones políticas. “Es una lástima que el Senado se le entregó al Gobierno”, lamentó el presidente del gremio, quien destacó que la reforma revive una iniciativa previamente archivada por sus efectos adversos.
La oposición en el Congreso, como el representante Juan Espinal, también expresó preocupación por el impacto en las mipymes, que “mueven la mayoría de la economía” y podrían no resistir los nuevos costos laborales. Espinal señaló que, mientras las grandes empresas pueden absorber estos cambios, los pequeños emprendimientos corren el riesgo de desaparecer.
Ganadores y perdedores de la reforma
La reforma laboral incluye medidas que benefician a ciertos grupos de trabajadores. Por ejemplo, garantiza el 100% del recargo dominical y festivo, reconoce el carácter laboral del contrato de aprendizaje del SENA (con salario del 75% en la etapa lectiva y 100% en la práctica) y formaliza a manipuladores del Programa de Alimentación Escolar, como las madres comunitarias. Además, establece protecciones para trabajadores en procesos de descarbonización y amplía licencias parentales.
Sin embargo, FENALCO argumenta que estas medidas benefician a una minoría mientras perjudican al conjunto de la economía. Según una encuesta del gremio, el 31% de los empresarios planea reducir contrataciones si los costos laborales aumentan, mientras que otros recurrirán a ajustes de horarios, incrementos de precios o sustitución de empleos por tecnología. Esto podría agravar la informalidad y limitar oportunidades para jóvenes y adultos mayores, especialmente en sectores como la gastronomía.
Perspectivas y desafíos
Con la conciliación entre Senado y Cámara pendiente antes del 20 de junio de 2025, la reforma aún enfrenta un último obstáculo legislativo. Sin embargo, su aprobación en el Senado ha generado un ambiente de incertidumbre entre los empresarios, quienes temen que los nuevos costos frenen la recuperación económica proyectada para 2025. Expertos como Charles Chapman López critican al Gobierno por priorizar agendas políticas sobre el diálogo técnico, calificando la reforma como una “respuesta a anuncios dictatoriales” más que una solución estructural.
FENALCO insiste en la necesidad de un diálogo social genuino que equilibre los derechos laborales con la sostenibilidad de las mipymes. “El debate no puede centrarse solo en cifras: debe enfocarse en el impacto real sobre las familias colombianas”, afirmó Jaime López, presidente de Acodrés, aliado de FENALCO.
La reforma laboral de 2025 representa un punto de inflexión para el mercado laboral colombiano, pero sus efectos dividen opiniones. Mientras el Gobierno celebra un triunfo progresista, FENALCO advierte que el costo de esta victoria podría ser la destrucción de empleos y el aumento de la informalidad. La falta de concertación y el contexto político tenso sugieren que la implementación de la reforma enfrentará resistencia, tanto en las calles como en los tribunales. En un país donde las mipymes son el motor de la economía, el desafío será encontrar un equilibrio que proteja a los trabajadores sin asfixiar a los generadores de empleo.
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