Los ministerios del Interior y del Trabajo presentaron un paquete de doce preguntas que conformarán una consulta popular destinada a desbloquear la estancada reforma laboral en el Congreso. Esta iniciativa, anunciada como una estrategia clave para avanzar en derechos laborales, aborda temas cruciales para modernizar el mercado de trabajo y promover la equidad. Entre los puntos destacados están la regulación de la jornada laboral diurna, el pago de dominicales y festivos, incentivos para las MiPymes asociativas, permisos laborales por motivos de salud, la inclusión de personas con discapacidad, la contratación de aprendices, la regulación de trabajadores de plataformas digitales, un régimen especial para el sector agrario, la eliminación de la tercerización laboral, la formalización de trabajadores informales, la estabilidad laboral mediante contratos indefinidos y la creación de un fondo pensional para campesinos.
El anuncio llega tras el freno que sufrió la reforma laboral en el Congreso, donde diferencias políticas y falta de consenso han retrasado su aprobación. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta popular busca involucrar directamente a la ciudadanía en la definición de políticas laborales, ofreciendo una alternativa para superar los obstáculos legislativos. Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, precisó que algunos aspectos relacionados con derechos colectivos se implementarán mediante decretos, mientras que la consulta se enfocará en temas como la formalización laboral y la protección de sectores vulnerables.
Inicialmente, se había previsto que las preguntas fueran radicadas el 21 de abril; Sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció que la presentación oficial se realizará el 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, buscando un mayor simbolismo y movilización social. Este cambio de fecha ha generado expectativas sobre la capacidad del gobierno para articular la logística de la consulta, especialmente en un contexto de incertidumbre financiera. Las estimaciones preliminares del costo oscilan entre $300.000 y $700.000 millones, pero aún no se ha definido cómo se financiará, lo que ha suscitado críticas y preguntas sobre la viabilidad del proceso.
La consulta popular representa un esfuerzo ambicioso por parte del gobierno para transformar el panorama laboral en Colombia, un país donde la informalidad afecta a más del 58% de los trabajadores, según el DANE. Sin embargo, su éxito dependerá de la claridad en su ejecución, la participación ciudadana y la capacidad de traducir los resultados en políticas efectivas. Mientras tanto, sectores empresariales y sindicales han expresado opiniones divididas, algunos destacando el potencial democratizador de la iniciativa y otros alertando sobre posibles complicaciones legales y económicas.
En un escenario de alta polarización, la consulta se perfila como un mecanismo para legitimar las prioridades del gobierno en materia laboral, pero también como un desafío que pondrá a prueba su capacidad de gestión y diálogo con diversos actores sociales. La expectativa ahora recae en los detalles de las preguntas y en la estrategia para garantizar una participación masiva el próximo 1 de mayo.
