Por esta razón, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lideran la ofensiva judicial.
Nueva York, 14 de septiembre de 2026. Una alianza conformada por 22 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo central de la acción legal consiste en bloquear la nueva directiva sobre «carga pública» del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En consecuencia, los gobiernos locales buscan impedir que los agentes de inmigración utilicen la solicitud de beneficios sociales no monetarios para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o el ingreso a Estados Unidos.
El ajuste normativo entrará en vigor este viernes. Por esta razón, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lideran la ofensiva judicial. Además, una red paralela de ciudades impulsó un recurso legal similar para frenar la aplicación de la medida.
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IMPACTO FISCAL Y ALCANCE DE LA DEMANDA CONTRA LA NORMA DE CARGA PÚBLICA
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Indicador / Variable Cifra / Detalle Fuente
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Estados demandantes 22 estados + D.C. ABC Mundo / CNN
Pérdida federal nacional US$ 4.050 millones Demanda / CNN
Pérdida para estados demandantes US$ 2.200 millones Demanda / CNN
Beneficios afectados Medicaid, SNAP, vales ABC Mundo / CNN
Tribunal de radicación Distrito Sur de NY Demanda / CNN
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Fuente: ABC Mundo con base en la demanda judicial presentada en Nueva York (14/09/2026).
¿En qué consiste la nueva norma de carga pública y a quiénes afecta?
La reglamentación modifica el estándar histórico que solo evaluaba los subsidios en efectivo para denegar visados. Por el contrario, la administración de Donald Trump no especifica qué redes de seguridad social quedan exentas. Por lo tanto, los funcionarios de inmigración contarán con plena discrecionalidad para considerar apoyos como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o vales de vivienda.
Adicionalmente, la directiva permite calificar negativamente los beneficios solicitados en favor de familiares, incluyendo a hijos nacidos con ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la medida afecta exclusivamente a residentes que ya cuentan con estatus legal y buscan la residencia permanente, ya que los inmigrantes indocumentados no califican para estos programas.
«Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación», sostuvo Letitia James en un comunicado.
¿Cuáles son las consecuencias fiscales y sociales denunciadas por los estados?
En primer lugar, los demandantes sostienen que el DHS excedió su autoridad, dado que el Congreso nunca aprobó una interpretación tan amplia del concepto. De igual forma, argumentan que la norma resulta «arbitraria y caprichosa», pues ignora los efectos colaterales sobre la salud pública.
Asimismo, las pérdidas financieras estimadas por la desvinculación masiva de usuarios ascienden a cifras millonarias:
- Pérdida nacional: Los estados dejarán de recibir cerca de US$ 4.050 millones anuales en transferencias federales para programas como Medicaid y CHIP.
- Pérdida de los demandantes: Las 22 jurisdicciones involucradas perderán alrededor de US$ 2.200 millones.
- Efecto disuasorio: Las familias elegibles abandonarán los comedores escolares y la asistencia médica por temor a arruinar sus trámites migratorios.
En definitiva, la demanda no solicita compensaciones económicas, sino la invalidación total del decreto antes de su entrada en vigencia.
¿Cuáles estados demandaron la norma sobre green cards de la administración Trump?
La demanda incluye a Nueva York, California, Illinois, Pensilvania, Nueva Jersey, Washington y otros 16 estados, junto al Distrito de Columbia.
¿Qué programas públicos pueden perjudicar la solicitud de la green card?
Bajo la nueva norma, los agentes evaluarán el uso de Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) y vales de vivienda, entre otros subsidios.
¿La norma de carga pública afecta a los inmigrantes indocumentados?
No, debido a que las personas indocumentadas no tienen acceso legal a los programas de beneficios públicos contemplados.
¿Cuánto dinero podrían perder los estados demandantes si se aplica la regla?
Los estados calcularon una pérdida directa de US$ 2.200 millones en fondos federales destinados a salud y nutrición.
