Las investigaciones abarcamos entidades de 13 municipios distribuidos en distintas subregiones. Entre ellos destacan Chigorodó, Dabeiba, Necoclí, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Yarumal e Ituango.
Medellín -06 de agosto de 2026. La Contraloría General de Antioquia encendió las alarmas por serias anomalías en 31 empresas públicas municipales. Por esta razón, el ente fiscalizador reportó un presunto detrimento patrimonial superior a los 15.983 millones de pesos.
Las auditorías examinaron Empresas de Desarrollo Urbano e Industriales del Estado en localidades de cuarta, quinta y sexta categoría. En consecuencia, la entidad identificó hallazgos con posibles implicaciones fiscales, disciplinarias y penales.
¿En qué municipios se concentran los hallazgos del organismo de control?
Por un lado, las investigaciones abarcamos entidades de 13 municipios distribuidos en distintas subregiones. Entre ellos destacan Chigorodó, Dabeiba, Necoclí, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Yarumal e Ituango.
De igual manera, se detectaron fallas estructurales en Donmatías, Santa Rosa de Osos, San Carlos, Andes, Giraldo y Murindó. Por lo tanto, el contralor departamental, Juan Carlos Herrera, advirtió sobre serias deficiencias en la gestión financiera.
¿Qué fallas se identificaron en la creación de las entidades públicas?
Por otro lado, el organismo de control descubrió errores de fondo en la constitución de 10 de estas empresas. Por esta razón, la Contraloría podría solicitar la nulidad de sus actos de creación ante la justicia contenciosa administrativa.
Asimismo, 22 entidades registraron graves mora en el pago de obligaciones tributarias y transferencias de estampillas. En efecto, estas omisiones comprometieron la estabilidad contable y legal de las administraciones locales.
¿Cuánto dinero logró recuperar la fiscalización en los municipios?
Finalmente, los procesos de auditoría impulsaron importantes acciones de mejora en las finanzas territoriales. De este modo, 15 empresas regularizaron sus compromisos fiscales y tributarios pendientes.
Por último, el seguimiento fiscal permitió recuperar más de 7.373 millones de pesos para el erario público. De esta forma, el ente de control busca salvaguardar los recursos estatales en las regiones más vulnerables.
