La justicia peruana advirtió sobre un entorno diplomático internacional que podría facilitar una eventual evasión de la justicia.
Perú -23 de julio de 2026. La situación jurídica del exmandatario peruano afronta un nuevo revés en los tribunales de Lima. En este sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú confirmó la resolución que prolonga por 12 meses adicionales la medida de prisión preventiva dictada contra Pedro Castillo Terrones.
Por lo tanto, el expresidente permanecerá recluido en el penal de Barbadillo hasta el 8 de marzo de 2027.
Criterios del fallo: Riesgo de fuga y complejidad procesal
La resolución ratifica la postura de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. En primer lugar, el magistrado ponente señaló que Castillo carece de arraigo familiar, laboral y domiciliario en el país, debido a que su núcleo familiar cercano cuenta con asilo político en México desde diciembre de 2022. De hecho, la justicia peruana advirtió sobre un entorno diplomático internacional que podría facilitar una eventual evasión de la justicia.
Asimismo, la magnitud de la causa penal motivó la extensión del periodo de detención cautelar:
- Dimensión macro del expediente: La investigación abarca a más de 90 personas imputadas dentro del mismo esquema procesal.
- Etapa pericial: La Fiscalía mantiene diligencias de acopio, revisión y análisis documental pendientes por ejecutar.
- Estatus de la causa: El sistema judicial tipificó el proceso como de «alta complejidad», argumentando la existencia de múltiples niveles de intervención administrativa.
«Esta dimensión subjetiva y estructural revela una investigación de carácter macro, con múltiples niveles de intervención». — Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú.
Los tres ejes de la investigación fiscal
Por otra parte, las indagaciones contra el exjefe de Estado giran en torno al presunto delito de organización criminal bajo las modalidades de colusión y tráfico de influencias. En efecto, la tesis del Ministerio Público sostiene que Castillo habría liderado redes de direccionamiento de contrataciones estatales en tres entidades clave:
- PetroPerú: Presunto control de adquisiciones públicas, incluyendo la licitación de Biodiésel B100 a favor de Heaven Petroleum Operators S.A.
- Provías Descentralizado (Caso Puente Tarata III): Presunto cobro de comisiones ilícitas sobre el valor adjudicado del proyecto de infraestructura vial.
- Ministerio de Vivienda: Supuesto direccionamiento de obras de saneamiento mediante decretos de urgencia asignados a municipalidades específicas.
En conclusión, la confirmación de la Sala Penal frena las especulaciones sobre un eventual cambio en la condición de detención de Castillo, mientras el Ministerio Público culmina la recopilación de material probatorio para dar inicio a la fase de juicio oral.
