Bogotá, 28 de mayo de 2026. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en representación de siete de los gremios más importantes de la cadena logística nacional, remitió una solicitud conjunta de máxima urgencia a las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes para priorizar en el orden del día el Proyecto de Ley 312 de 2025 (Senado) y su acumulado, el cual establece el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera.
La comunicación busca evitar que el comercio exterior en Colombia entre en un histórico vacío regulatorio tras el ultimátum de la Corte Constitucional, que fijó el próximo 20 de junio como fecha límite improrrogable para sancionar la ley. Los firmantes —entre los que destacan Fenalco, Fitac, ICDT, Alaico, Asonav y Cladec— advirtieron que restan escasos días para surtir los segundos debates en las plenarias de ambas corporaciones, la respectiva conciliación de textos y la sanción presidencial. De lo contrario, la Nación enfrentaría el archivo automático de miles de procesos sancionatorios por una cuantía superior a los 7 billones de pesos, dejando al Estado sin herramientas legales para combatir el contrabando y el lavado de activos.
Carrera contra el tiempo: El ultimátum de la Corte
Por un lado, el cronograma legislativo se encuentra condicionado de forma directa por la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional. Dicho fallo determinó que el régimen de sanciones aduaneras debe ser expedido con rango de ley y estar plenamente sancionado antes de la tercera semana de junio. Por otro lado, aunque las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el texto por unanimidad en primer debate, el reloj juega en contra de la institucionalidad económica. En consecuencia, el presidente Ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina, catalogó la situación como una «verdadera carrera contra el tiempo». Para evitar el vencimiento de los términos, el bloque gremial solicitó formalmente que la iniciativa sea incluida como segundo punto del orden del día en las plenarias a más tardar el próximo 2 de junio.
Específicamente, el Congreso de la República debe acelerar la discusión debido a la complejidad de unificar los textos de ambas cámaras legislativas. Por esta razón, cualquier dilación de tipo político en el Capitolio Nacional pondría en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras, desarmando operativamente a las autoridades de control frente al ingreso ilegal de mercancías.
El millonario impacto fiscal de la inacción legislativa
Por otra parte, las consecuencias de no cumplir con el mandato constitucional no son meramente formales; representan un golpe material de proporciones sistémicas para las finanzas públicas. En virtud del principio de favorabilidad contemplado en la Constitución Nacional, la falta de una norma vigente obligaría al archivo inmediato de una ingente cantidad de litigios y fiscalizaciones en curso.
- Investigaciones de fiscalización: Se archivarían un total de 8.250 procesos activos, correspondientes a una cuantía en disputa de $3,25 billones.
- Discusiones administrativas: Quedarían sin efecto 148 trámites en sedes gubernamentales, tasados en un valor de $1,07 billones.
- Procesos judiciales aduaneros: Un total de 2.453 litigios en tribunales perderían su sustento jurídico, evaporando pretensiones por $2,74 billones.
En efecto, el descalabro fiscal consolidado asciende a los $7,07 billones de pesos que el Estado dejaría de percibir de forma definitiva. Asimismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se enfrentaría a una total parálisis operativa, quedando inhabilitada jurídicamente para ejecutar aprehensiones, decomisos preventivos o liquidar sanciones económicas ordinarias a los infractores de la cadena de suministro.
Contrabando, lavado de activos y competencia desleal
Adicionalmente, las implicaciones de un vacío normativo de esta naturaleza agravarían las vulnerabilidades de seguridad que ya padece el país. Estimaciones técnicas de la exposición de motivos del proyecto evidencian que el contrabando en la nación ronda anualmente los USD 8.225 millones, cifra equivalente a unos $31 billones de pesos o al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Este flujo ilegal priva a las arcas públicas de un recaudo cercano a los $10,4 billones de pesos por concepto de IVA externo y aranceles.
Díaz Molina fue enfático al advertir que el contrabando es uno de los canales financieros predilectos para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. De igual manera, los delitos aduaneros destruyen de forma directa el empleo formal y ponen en riesgo la bioseguridad del país al eludir controles sanitarios, ambientales y de precursores químicos. Finalmente, los gremios reiteraron que su solicitud busca dotar al país de un estatuto moderno, proporcional y compatible con la facilitación del comercio legítimo. En resumen, el porvenir del comercio exterior en Colombia 2026 se decidirá en las plenarias del Congreso; evitar la impunidad regulatoria es un imperativo fiscal y ético que las autoridades legislativas deben priorizar con urgencia absoluta.
