Golpe judicial a la banca: Admiten acción de grupo por cobros del 4×1000
BOGOTÁ – 11 de mayo de 2026. El sistema financiero colombiano enfrenta un complejo panorama legal. El Juzgado Séptimo Civil de Bogotá admitió formalmente una acción de grupo dirigida contra diversas entidades bancarias. La demanda busca establecer la responsabilidad de los bancos en el presunto cobro irregular del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, a millones de usuarios que, por ley, debían estar exentos.
El origen del conflicto: Incumplimiento de la Ley 2277
En primer lugar, la acusación se fundamenta en la violación de la Ley 2277 de 2022. Esta normativa estableció que, a partir del 13 de diciembre de 2024, la exención del 4×1000 debía ser automática para todas aquellas personas que movilizaran menos de 350 UVT mensuales (aproximadamente $17,4 millones para 2025). Por una parte, la ley buscaba que el beneficio aplicara a la suma de todas las cuentas del usuario. Por otra parte, otorgó un plazo de dos años a los bancos para implementar el desarrollo tecnológico necesario, término que ya expiró.
Cifras en juego e impacto al usuario
Asimismo, los demandantes argumentan que las entidades financieras han actuado de manera negligente al no automatizar el proceso. Según las estimaciones presentadas en la acción legal:
- Recaudo bajo lupa: El sistema financiero recaudó cerca de $9,2 billones por este impuesto entre finales de 2024 y 2025.
- Pérdida individual: Se calcula que un usuario promedio pudo haber perdido hasta $800.000 anuales por cobros que no debieron efectuarse.
Pretensiones de la demanda
Por otro lado, la acción judicial busca no solo que se declare la negligencia de los bancos involucrados, sino que se ordene una indemnización masiva para los afectados. Los defensores de la acción de grupo sostienen que el beneficio debía operar sin necesidad de marcar cuentas individualmente, una responsabilidad que recaía exclusivamente en la infraestructura técnica del sistema financiero.
Finalmente, el proceso judicial determinará si existió una omisión deliberada o técnica por parte de las entidades. Mientras tanto, millones de usuarios permanecen atentos al desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente histórico en la protección de los derechos del consumidor financiero en Colombia. En conclusión, la admisión de la demanda abre la puerta a un debate profundo sobre la transparencia y la agilidad de la banca ante las obligaciones legales.
