BOGOTÁ – 8 de mayo de 2026. El gremio de los fondos de pensiones en Colombia ha fijado una postura contundente frente a la reciente crisis jurídica del sistema. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el Decreto 415 de 2026, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, lanzó una advertencia sobre la estabilidad financiera del país. Según el directivo, utilizar los ahorros de los trabajadores para aliviar necesidades fiscales de corto plazo representa un peligro inminente para el futuro de las próximas generaciones.
Un respiro para el ahorro de los cotizantes
En primer lugar, el gremio celebró que el tribunal haya frenado el traslado de $20 billones de pesos. Estos recursos pertenecen a ciudadanos que, aunque se trasladaron de régimen, todavía no cumplen los requisitos legales para jubilarse. Por una parte, Asofondos cuestionó que el Gobierno intentara captar $25 billones en solo ocho días. Por otra parte, la asociación sostiene que esta medida buscaba liberar caja inmediata para el Estado a costa del patrimonio de los afiliados.
Sostenibilidad y presión fiscal en 2026
Asimismo, Velasco entregó cifras preocupantes sobre el costo del sistema público. En sus declaraciones, señaló que el gasto del régimen de prima media en 2026 equivaldrá a todo el recaudo anual del IVA, es decir, unos $70 billones de pesos. Por consiguiente, el uso de estos ahorros para cubrir faltantes presupuestales actuales agravaría la situación a largo plazo. De igual modo, recordó que la relación de cinco cotizantes por cada pensionado es una métrica insostenible para cualquier modelo pensional moderno.
La importancia de los rendimientos financieros
En cuanto al destino de los recursos suspendidos, el gremio insiste en que deben permanecer en las AFP. Debido a que estos fondos generan rendimientos constantes, su retiro prematuro afectaría el monto final de las mesadas futuras. En este sentido, Asofondos argumenta que el dinero de los colombianos no debe ser captado de forma anticipada por el Estado para gastos de funcionamiento.
Finalmente, el país se encuentra en una etapa de alta incertidumbre jurídica. Mientras el Gobierno Nacional ya presentó un recurso de súplica para reactivar los traslados, los fondos privados esperan un fallo definitivo que proteja el capital de millones de personas. En conclusión, la disputa no solo es legal, sino que define el modelo de protección a la vejez que tendrá Colombia en las próximas décadas.
