La operación se da en el contexto de la integración entre Movistar y Tigo. Tras una Oferta Pública de Adquisición (OPA) ejecutada en febrero, Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) que ya tiene el 67,5 % de la compañía.
Bogotá- 24de Abril de 2026. En un hito para la consolidación del sector de telecomunicaciones en Colombia, la Contraloría General de la República anunció este 24 de abril de 2026 un seguimiento preventivo y riguroso a la enajenación de la participación estatal en Colombia Telecomunicaciones (Movistar). El ente de control busca garantizar que los recursos derivados de esta operación, estimados en al menos $856.000 millones, se gestionen bajo principios de transparencia y se reinviertan estratégicamente en el cierre de la brecha digital.
La operación se da en el contexto de la integración entre Movistar y Tigo. Tras una Oferta Pública de Adquisición (OPA) ejecutada en febrero, Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) ya asumió el control del 67,5 % de la compañía. Actualmente, el proceso se centra en el 32,5 % restante, propiedad de la Nación a través del Ministerio de Hacienda, cuya subasta está programada precisamente para el día de hoy, con un cierre previsto para el 29 de abril.
Radiografía de la operación y el proceso de enajenación
El proceso de venta se ha estructurado en etapas, conforme a los parámetros de defensa del patrimonio público. Tras una primera fase dirigida a destinatarios de condiciones especiales, la segunda etapa ha dejado a Millicom (Tigo) como el único inversionista precalificado.
La Contraloría ha puesto la lupa sobre el precio de referencia de las acciones, situado en $772,38 por unidad, advirtiendo que mientras existan recursos o participación pública en la entidad, esta seguirá siendo sujeto de control fiscal. La vigilancia no solo se limita al monto recaudado, sino a la «eficiencia y beneficio social» de la transacción.
El desafío: Más allá de los cables y la infraestructura
Uno de los puntos más críticos señalados por el órgano de control es la destinación final de los fondos. Según el Ministerio de Hacienda, los recursos ingresarían al presupuesto nacional con miras a financiar inversiones estratégicas en el sector TIC. Sin embargo, la Contraloría enfatiza que el enfoque no debe ser únicamente de infraestructura.
A través de un análisis de control fiscal macro, la entidad reveló datos preocupantes sobre la realidad digital del país:
- Índice de Brecha Digital (IBD 2024): Se sitúa en 0,384. Aunque representa una mejora del 12,7 % frente a 2018, la estructura de la desigualdad ha cambiado.
- El factor humano: El 34,7 % de la brecha total no se debe a la falta de cables o antenas, sino a la carencia de habilidades digitales.
Ante este panorama, la Contraloría hace un llamado al Gobierno Nacional para que los $856.000 millones no se diluyan en el gasto corriente, sino que se priorice el fortalecimiento del capital humano y la apropiación tecnológica.
Análisis formativo: Implicaciones para el mercado y la competencia
Para el analista financiero y los actores del sector tecnológico, esta operación redefine el tablero competitivo en Colombia:
- Consolidación del Mercado: La unión de las redes y activos de Tigo y Movistar crea un incumbente capaz de competir de tú a tú con Claro. La vigilancia de la Contraloría asegura que esta consolidación no sacrifique la calidad del servicio ni la estabilidad de las inversiones públicas previas.
- Sostenibilidad del Servicio: La enajenación total del Estado marca la salida definitiva de la Nación de la gestión directa de telefonía fija y móvil heredada de la antigua Telecom, trasladando el riesgo operativo al sector privado pero reteniendo la responsabilidad regulatoria.
- Inversión con Propósito: Si el Gobierno logra canalizar los recursos hacia «conectividad significativa» (uso productivo y no solo acceso), se podría ver un incremento en la productividad laboral digital en las regiones, impactando positivamente el PIB de servicios a mediano plazo.
El éxito de esta venta no se medirá el 29 de abril con el cierre financiero, sino en las próximas vigencias, cuando se verifique si esos $856.000 millones lograron transformar a los usuarios pasivos en ciudadanos digitalmente productivos.
