BOGOTÁ —1 de abril de 2026. Tras décadas de gestión privada, el país inició hoy una nueva era en la producción de sus documentos de viaje. Bajo la tutela de la Imprenta Nacional y con el respaldo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal, el Gobierno oficializó el esquema que sustituye la tercerización por un control directo del Estado. Según explicaron Viviana León, gerente de la Imprenta, y Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, este cambio no solo busca soberanía en la producción, sino también una actualización profunda en los estándares de seguridad criptográfica (PKI) que antes no administraba el sector público.
A raíz de esta transición, las autoridades aclararon que los pasaportes actuales mantienen su vigencia hasta la fecha de vencimiento. Dicho de otro modo, no es necesario realizar el cambio inmediato, aunque la producción con el nuevo diseño comenzará tan pronto se agote el inventario existente.
Costos y logística para los ciudadanos
El nuevo esquema trae consigo una estructura de precios diferenciada que impacta tanto a residentes en el país como a la diáspora. Para ilustrarlo, en Bogotá el pasaporte ordinario tendrá un costo total de COP 190.000, mientras que el ejecutivo ascenderá a COP 323.000. Por el contrario, en el exterior los precios se fijarán en moneda extranjera, con tarifas que oscilan entre los 60 euros en Europa y los 82 dólares en el resto del mundo.
En este orden de ideas, la Cancillería habilitó jornadas especiales durante esta Semana Santa:
- Horario: Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril (7:00 a.m. a 5:00 p.m.).
- Sedes en Bogotá: Calle 100 (Norte) y Calle 12c (Centro).
- Modalidad: Trámite y entrega sin cita previa para agilizar la demanda estacional.
En paralelo, la Gerencia de la Imprenta confirmó que, pese a las dificultades iniciales para conseguir pólizas de cumplimiento, el proceso cuenta ya con todo el respaldo legal y de responsabilidad civil necesario para operar de forma autónoma.
Soberanía tecnológica y seguridad digital
Uno de los pilares del nuevo modelo es la implementación de la Infraestructura de Clave Pública (PKI). A diferencia del contrato anterior, el Estado ahora tendrá la potestad de autenticar identidades y cifrar datos de manera independiente. Se suma a esto que la Imprenta Nacional ya cuenta con experiencia previa, pues desde octubre de 2024 produce las cédulas de extranjería con total autonomía técnica.
En resumidas cuentas, la apuesta gubernamental es que el modelo sea autosostenible y retorne recursos al erario público. En última instancia, el nuevo diseño del documento responde a una necesidad de actualización tecnológica que, por estándares internacionales, debe renovarse cada década. De este modo, Colombia busca blindar la identidad de sus ciudadanos con tecnología de punta y una cooperación internacional a 10 años con Portugal, eliminando la figura de subcontratistas privados en la cadena de valor.
