Medellín, 3 de febrero de 2026. En un movimiento que marca un punto de ruptura entre el sector privado y el gobierno departamental, Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia han emitido una solicitud formal a la Gobernación para suspender de inmediato el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La medida, establecida mediante la Ordenanza No. 50 de 2024 y recaudada desde enero de 2025, se ha convertido, según los empresarios, en la «gota que colmó el vaso» en un ecosistema económico ya golpeado por decisiones del Gobierno Nacional y una inflación de costos operativos sin precedentes. Para los gremios, la continuidad de este tributo hasta 2027 no es solo una carga financiera; es una amenaza directa a la supervivencia de las empresas, la estabilidad del empleo formal y la competitividad de una región que históricamente ha sido el motor industrial de Colombia.
El «efecto acumulado»: Por qué las empresas dicen «no más»
La solicitud de los gremios no surge de un hecho aislado, sino de lo que denominan una «asfixia tributaria» multicanal. El análisis de ABC Economía revela que las empresas en Antioquia están enfrentando una tormenta perfecta de costos en este inicio de 2026:
- Carga Regional: La Tasa de Seguridad se suma a los impuestos locales y departamentales ya existentes.
- Carga Nacional: El reciente incremento del 23,7% en el salario mínimo ha disparado los costos de nómina y las cargas prestacionales.
- Incertidumbre Macroeconómica: El encarecimiento del crédito y las reformas fiscales nacionales han reducido el margen de maniobra de las compañías.
Para un pequeño o mediano empresario en Antioquia, esta tasa adicional representa un flujo de caja que deja de invertirse en tecnología o expansión para cubrir un rubro que, según los gremios, debería ser financiado por otras vías que no debiliten el tejido empresarial.
Competitividad en riesgo: Del empleo formal al cierre de empresas
El comunicado de Intergremial y Fenalco es contundente: la tasa está perjudicando la productividad. Cuando los presupuestos corporativos se destinan mayoritariamente al cumplimiento de obligaciones tributarias crecientes, se sacrifica la innovación y, lo más grave, el empleo formal. La advertencia es clara: en casos extremos, la presión fiscal está llevando a las empresas al cierre definitivo.
Desde que se conoció el proyecto en 2024, el sector empresarial manifestó su oposición. Hoy, tras un año de vigencia del recaudo, los efectos negativos en la competitividad regional son tangibles. Antioquia compite no solo con otros departamentos de Colombia, sino con regiones de toda Latinoamérica por atraer inversión. Una sobrecarga tributaria regional envía un mensaje de inestabilidad que podría ahuyentar los capitales que la región tanto necesita para su reactivación.
La búsqueda de alternativas: Seguridad sin sacrificar el crecimiento
A pesar de la firmeza en la solicitud de suspensión, los gremios han reiterado su disposición al diálogo. El argumento central es que la seguridad es una prioridad indiscutible para el sector empresarial —pues sin seguridad no hay inversión—, pero que su financiación no puede recaer exclusivamente sobre un tejido empresarial ya debilitado.
Instan a la Gobernación a explorar alternativas creativas que podrían incluir:
- Redireccionamiento de excedentes de otras rentas departamentales.
- Alianzas público-privadas de inversión directa en seguridad (no vía impuestos).
- Optimización del gasto administrativo para liberar recursos hacia la convivencia ciudadana.
La seguridad debe ser un facilitador del crecimiento económico, no un obstáculo para el mismo. La respuesta de la Gobernación de Antioquia ante este clamor gremial definirá el clima de negocios en el departamento para el resto del mandato actual.
