Bogotá, 27 de enero de 2026. El Gobierno de Ecuador oficializó un aumento del 900% en la tarifa para transportar crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 3 a 30 dólares por barril desde el 23 de enero.
La medida fue confirmada por la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, y se presenta como respuesta recíproca a la suspensión de venta de energía eléctrica desde Colombia y al arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos.
Este nuevo capítulo agrava la tensión comercial y energética entre ambos países, afectando directamente los costos de exportación de petróleo colombiano y evidenciando una escalada de medidas retaliatorias.
¿Qué pasó exactamente con la tarifa del SOTE?
El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operado al 100% por Petroecuador, es una ruta histórica para que Colombia movilice crudo hacia el puerto de Esmeraldas en el Pacífico. La nueva tarifa de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros fue establecida mediante resolución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR).
Inés Manzano explicó que Ecuador cuenta con dos oleoductos principales: el SOTE (público) y el OCP (privado). Aunque no precisó volúmenes exactos por el SOTE, registros de 2025 indican que por infraestructura ecuatoriana (incluyendo OCP) pasaron 46 millones de barriles de crudo colombiano.
La ministra justificó la decisión como reciprocidad: “Ecopetrol es lo mismo que Petroecuador, pero del lado colombiano (…) les estamos dando un servicio importantísimo”. Agregó que en la zona colombiana de producción hay “actividades ilícitas”, un señalamiento que aumenta la sensibilidad diplomática.
El contexto de una tensión comercial creciente
La escalada comenzó con la imposición ecuatoriana de un arancel del 30% a productos colombianos. Colombia respondió suspendiendo la venta de energía eléctrica –que representaba cerca del 10% del suministro ecuatoriano– y ahora Ecuador contraataca con esta tarifa.
Ambos países dependen mutuamente en sectores estratégicos: Colombia necesita rutas de exportación para su crudo (el Pacífico es clave para llegar a mercados asiáticos), mientras Ecuador recibía energía colombiana en momentos de sequía que afectan sus hidroeléctricas.
Esta dinámica de medidas recíprocas refleja un deterioro rápido en las relaciones bilaterales, pasando de cooperación energética y comercial a un intercambio de sanciones que impacta empresas estatales como Ecopetrol y Petroecuador.
¿Por qué esto importa para la economía colombiana?
El aumento tarifario encarece significativamente el transporte de crudo colombiano. Aunque el SOTE no es la única ruta (también está el OCP privado), cualquier alza afecta la competitividad del petróleo nacional en mercados internacionales.
Ecopetrol, principal exportador, podría ver reducidos sus márgenes o tener que absorber parte del costo, lo que impactaría sus resultados financieros. En un contexto de precios del crudo volátiles, este sobrecosto adicional complica la ecuación económica del sector hidrocarburos, que representa una porción importante de las exportaciones y regalías colombianas.
Además, la tensión energética deja en evidencia la vulnerabilidad de ambos países: Ecuador sufre apagones por sequía, y Colombia depende de rutas extranjeras para parte de su petróleo.
¿Cómo te afecta como ciudadano común?
Aunque no trabajes en petróleo o energía, esta disputa llega al bolsillo de formas indirectas:
- Precios de combustibles: si Ecopetrol traslada costos, podría haber presión alcista en gasolina y diésel, aunque el Gobierno suele amortiguar con subsidios.
- Inflación importada: aranceles mutuos encarecen productos cruzados (alimentos, manufacturas), afectando la canasta familiar.
- Energía: la suspensión mutua resalta la fragilidad regional; en Colombia podría traducirse en mayor presión sobre el sistema eléctrico si hay sequías similares.
- Empleo y regalías: el sector petrolero genera miles de puestos y recursos para regiones; cualquier freno afecta inversión socialiva y transferencias a departamentos productores.
En resumen, es un recordatorio de cómo tensiones diplomáticas pueden golpear la economía cotidiana.
Perspectiva de futuro: ¿hacia una solución diplomática?
Hasta ahora, Colombia no ha respondido oficialmente al aumento tarifario. Posibles escenarios incluyen negociaciones bilaterales, apelación a organismos como la Comunidad Andina o medidas adicionales (aranceles más amplios o restricciones).
El riesgo es una escalada mayor que afecte comercio bilateral (Colombia es uno de los principales socios de Ecuador). A mediano plazo, ambos países podrían buscar desescalada: Ecuador necesita energía estable y Colombia rutas confiables para su crudo.
La solución pasa por diálogo técnico y político que priorice intereses mutuos sobre retaliaciones.
En síntesis
El aumento del 900% en la tarifa del SOTE por parte de Ecuador es una medida recíproca que profundiza la tensión comercial con Colombia. En un contexto de suspensiones energéticas y aranceles mutuos, ambos países pagan el costo de una disputa que afecta sectores estratégicos. La salida requiere diálogo urgente para evitar daños mayores a economías interdependientes y a los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
