Bogotá, 8 de enero de 2026. El Gobierno nacional avanzó en la reconfiguración del esquema de subsidios a los combustibles con la expedición del decreto 1428 de 2025. La norma elimina el subsidio al precio del diésel para los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales. La medida se sustenta en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y responde a la necesidad de corregir distorsiones acumuladas en su uso.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el ajuste busca proteger las finanzas públicas. Además, pretende reorientar el subsidio hacia los segmentos donde cumple una función social verificable. De esta manera, el Gobierno profundiza el proceso de racionalización del gasto asociado a la estabilización de precios de los combustibles.
Corrección del uso del fondo de estabilización
El FEPC fue concebido como un mecanismo para amortiguar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Sin embargo, con el paso de los años, su aplicación se amplió a usuarios que no estaban alineados con su objetivo social original. En consecuencia, el fondo terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no prestan un servicio esencial.
De acuerdo con la cartera de Minas y Energía, esta situación generó un elevado costo fiscal para el Estado. Por lo tanto, el decreto 1428 introduce una focalización más estricta del subsidio. El propósito es reducir la presión sobre el presupuesto público sin afectar sectores estratégicos de la economía.
Nuevo esquema de precios y paridad internacional
El ajuste contempla un cambio en el ingreso al productor del diésel para los vehículos excluidos del subsidio. En este caso, el precio se acercará a niveles de paridad internacional. No obstante, el decreto establece que no podrá superar el precio de paridad de importación.
Este criterio busca alinear el mercado interno con las señales de precios externos. Al mismo tiempo, contribuye a disminuir el déficit del FEPC. En contraste, ningún vehículo de transporte público estará sujeto al nuevo mecanismo diferencial.
Protección al transporte público y al costo de vida
El Ministerio de Minas y Energía aclaró que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida. Según el ministro Edwin Palma, esta decisión evita impactos directos sobre el costo de los alimentos y el transporte. Además, protege el bolsillo de los hogares colombianos.
En este contexto, el Gobierno reiteró que el subsidio debe mantenerse donde cumple una función social clara. Proteger al transporte público, señaló la cartera, equivale a proteger el empleo, la producción y la estabilidad del costo de vida.
Aplicación gradual y evaluación regional
La implementación del nuevo esquema será gradual. Inicialmente, se aplicará en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Este despliegue parcial permitirá evaluar la viabilidad operativa del mecanismo.
Posteriormente, el Gobierno analizará su extensión a otros territorios. Para ello, deberá garantizar el principio de eficiencia. Sin embargo, algunos actores del sector han advertido sobre posibles distorsiones si la medida no se aplica de forma homogénea en todo el país.
Desafíos operativos y tecnológicos
Aunque el decreto ya fue expedido, la reglamentación aún no ha sido publicada. Este punto resulta clave para la implementación efectiva del ajuste. Según Óscar Ferney Rincón, director de Acipet, el principal reto será la logística y la tecnología necesarias para diferenciar a los usuarios.
Entre las alternativas se mencionan sistemas de reconocimiento de placas. Estos podrían apoyarse en información del sistema de tránsito. Otra opción sería la adecuación física de las estaciones de servicio mediante carriles diferenciados. En cualquier caso, la reglamentación deberá precisar el mecanismo definitivo.
Impactos sobre el mercado y la competencia
Desde el sector distribuidor también se advirtió sobre los efectos de una aplicación territorial limitada. La diferencia de precios entre municipios, señalaron, podría incentivar el desplazamiento de consumidores hacia zonas con combustible más barato. Esto afectaría la libre competencia y generaría desequilibrios en las ventas.
Por esta razón, los gremios han solicitado que la medida se aplique en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar igualdad de condiciones para la comercialización de combustibles y evitar tensiones adicionales en el mercado.
Ahorro fiscal y magnitud del ajuste
Las estimaciones preliminares indican que cerca de 400.000 vehículos dejarían de beneficiarse del subsidio al diésel. Este grupo consume, en promedio, entre 40 y 50 galones mensuales por vehículo. En términos agregados, el consumo mensual se ubicaría entre 16 y 20 millones de galones.
Como resultado, el menor subsidio representaría un ahorro mensual cercano a los 40.000 millones de pesos. Este alivio fiscal es relevante. Sin embargo, analistas del sector energético señalan que aún se requieren ajustes adicionales para sanear de forma estructural el FEPC.
Implicaciones macroeconómicas de mediano plazo
La redefinición del subsidio al diésel se inscribe en una estrategia más amplia de consolidación fiscal. En términos macroeconómicos, la medida reduce presiones sobre el déficit y mejora la señal de disciplina presupuestal. Además, refuerza el principio de focalización del gasto público.
No obstante, la efectividad del ajuste dependerá de la reglamentación y de la capacidad de implementación. También será clave la coherencia territorial de la política. En un entorno de volatilidad internacional y restricciones fiscales, el decreto 1428 de 2025 marca un paso relevante en la reconfiguración del esquema de subsidios energéticos en Colombia.
