Bogotá, enero 3 de 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la convocatoria inmediata de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras reportarse múltiples explosiones en Caracas y regiones adyacentes, en el marco de una operación militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Detonaciones y operación confirmada
Alrededor de las 02:00 hora local del 3 de enero de 2026, se registraron fuertes explosiones en Caracas, acompañadas de sobrevuelos de aeronaves a baja altura. Testimonios de residentes describen impactos que hicieron retumbar ventanas y generaron columnas de humo visibles en instalaciones militares clave, como el Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota. Similarmente, detonaciones afectaron áreas en La Guaira, Miranda y Aragua.
El presidente Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un «ataque a gran escala» coordinado con agencias de aplicación de la ley, resultando en la captura y extracción de Maduro y Flores del territorio venezolano. Fuentes oficiales indican que la operación involucró unidades élite, incluyendo Delta Force, y se enfocó en objetivos militares y portuarios asociados a presuntas redes de narcotráfico.
El gobierno venezolano declaró estado de emergencia nacional, activó planes de defensa y denunció la acción como una violación a la soberanía territorial.
Pronunciamiento del presidente Petro
Gustavo Petro alertó sobre el bombardeo en curso mediante publicaciones en redes sociales, afirmando: «En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles». El mandatario instó a una reunión urgente de la OEA y la ONU para abordar la situación, destacando la necesidad de establecer la legalidad internacional de los hechos.
Adicionalmente, Petro informó la activación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y el despliegue de un plan operacional en la frontera colombo-venezolana, con el objetivo de monitorear posibles repercusiones en la estabilidad regional.
Colombia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2026, posiciona esta convocatoria como prioritaria para evaluar riesgos de escalada.
Contexto de tensiones previas
La operación se enmarca en una campaña sostenida de presión estadounidense contra el gobierno venezolano, basada en acusaciones de liderazgo en redes de narcotráfico y cuestionamientos a la legitimidad institucional. Previamente, se registraron acciones como destrucción de embarcaciones sospechosas y un incremento en la presencia naval en el Caribe.
Venezuela mantiene que tales señalamientos buscan acceso a sus reservas petroleras, las mayores certificadas a nivel global.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La captura de Maduro y la incertidumbre institucional generan volatilidad inmediata en los mercados energéticos. Los contratos futuros del crudo Brent y WTI registraron alzas superiores al 5% en las sesiones asiáticas iniciales, ante interrupciones potenciales en exportaciones venezolanas, ya restringidas por sanciones previas.
Inversores en deuda soberana venezolana y obligaciones de PDVSA enfrentan riesgos elevados de default o reestructuración forzada. Un escenario de transición prolongada podría mantener controles cambiarios y limitar inversión extranjera, afectando flujos de capital hacia la región andina.
Por el contrario, una estabilización con levantamiento gradual de sanciones abriría oportunidades para repatriación de producción petrolera, estimada en recuperación de hasta 1 millón de barriles diarios en 24-36 meses, beneficiando balanzas comerciales de países vecinos como Colombia mediante estabilización de precios y reducción de presiones migratorias.
La evolución institucional en Venezuela impactará directamente en remesas —que representan cerca del 4% del PIB colombiano— y en cadenas de suministro regionales de commodities. Analistas proyectan que una gobernabilidad consolidada requeriría al menos 12-18 meses para materializar efectos positivos en crecimiento económico latinoamericano, en un contexto donde la región depende en parte de la dinámica energética venezolana.
Este desarrollo redefine riesgos geopolíticos en América Latina, con efectos en políticas migratorias, comercio binacional y atracción de inversión extranjera directa en el sector hidrocarburos.
