Washintong, 3 de enero de 2026. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que Nicolás Maduro fue detenido por personal estadounidense y enfrentará cargos criminales en territorio norteamericano, tras la operación militar ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026. Fuentes oficiales indican que no se prevén acciones militares adicionales en Venezuela una vez Maduro esté bajo custodia estadounidense.
Detalles de la detención y proceso judicial
El senador republicano Mike Lee reveló, tras una conversación telefónica con Rubio, que Maduro fue arrestado para ser procesado por acusaciones penales en Estados Unidos. La operación, que incluyó ataques aéreos en Caracas y regiones adyacentes, se justificó como medida para proteger al personal que ejecutaba la orden de arresto, conforme a la autoridad presidencial para defender fuerzas estadounidenses ante amenazas inminentes.
El presidente Donald Trump anunció en Truth Social que la acción fue realizada en coordinación con agencias de aplicación de la ley, culminando con la captura y extracción aérea de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump programó una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para proporcionar detalles adicionales.
Acusaciones previas del Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y corrupción, con una recompensa que alcanzó los 50 millones de dólares en 2025.
Respuesta venezolana y estado de emergencia
La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró desconocer el paradero de Maduro y Flores, exigiendo prueba de vida inmediata al gobierno estadounidense. Rodríguez denunció la operación como una agresión militar grave, reportando bajas entre personal militar y civiles en sitios impactados.
El gobierno venezolano activó planes de defensa integral y decretó estado de excepción, manteniendo desplegadas las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
Contexto operativo y legal
La intervención involucró unidades élite, incluyendo Delta Force, y objetivos como el Fuerte Tiuna y instalaciones en La Guaira, Miranda y Aragua. Fuentes estadounidenses enfatizan que la acción se limitó a la ejecución de la detención, sin planes de escalada adicional ahora que Maduro está en custodia.
Esta operación representa la intervención directa más significativa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, enmarcada en acusaciones sostenidas de narcotráfico y cuestionamientos a la legitimidad institucional venezolana.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La detención de Maduro introduce incertidumbre institucional en Venezuela, poseedora de las mayores reservas certificadas de petróleo mundial. Los precios del crudo Brent y WTI registraron incrementos superiores al 5% en sesiones iniciales asiáticas, ante posibles disrupciones en exportaciones venezolanas, ya afectadas por sanciones previas.
Bonos soberanos y deuda de PDVSA enfrentan riesgos elevados de reestructuración acelerada o default en un escenario de transición prolongada. Mantención de controles cambiarios podría restringir flujos de inversión extranjera en el corto plazo, impactando balanzas comerciales regionales.
Una estabilización con levantamiento gradual de sanciones facilitaría recuperación de producción petrolera, potencialmente alcanzando incrementos de hasta 1 millón de barriles diarios en 24-36 meses. Esto beneficiaría economías vecinas mediante estabilización de commodities y reducción de presiones migratorias.
Remesas desde Venezuela, relevantes para países receptores como Colombia, podrían variar según la evolución institucional. Analistas estiman que una gobernabilidad consolidada requeriría 18-24 meses para generar impactos positivos en crecimiento regional, influido por dinámica energética y comercio binacional.
La resolución judicial en Estados Unidos y respuestas internacionales definirán trayectorias de riesgo para inversores en activos emergentes y mercados energéticos globales.
