Caracas/Whasinton, 3 de enero de 2026. La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala en territorio venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según anunció el presidente Donald Trump. Fuentes oficiales estadounidenses confirman que ambos fueron trasladados fuera del país, mientras el gobierno venezolano declaró un estado de emergencia y denunció una agresión militar.
Desarrollo de la operación militar
Explosiones múltiples se registraron en Caracas y estados adyacentes como Miranda, Aragua y La Guaira durante las primeras horas del día. Los objetivos incluyeron instalaciones militares clave, entre ellas el Fuerte Tiuna, el complejo castrense más importante de Venezuela, así como bases aéreas y puertos estratégicos.
El presidente Trump comunicó a través de su plataforma Truth Social que la operación se realizó en coordinación con agencias de aplicación de la ley estadounidenses y que Maduro y Flores fueron capturados por unidades de fuerzas especiales, específicamente la Delta Force según informes de medios internacionales. La acción representa una escalada significativa en la presión ejercida por Washington sobre el gobierno venezolano, acusándolo de narcotráfico y legitimidad cuestionada tras las elecciones de 2024.
Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales de manera oficial por parte estadounidense, aunque autoridades venezolanas reportan fallecidos entre personal militar y civiles en los sitios impactados.
Respuesta inmediata del gobierno venezolano
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión constitucional, declaró en un audio transmitido por la televisión estatal que se desconoce el paradero de Maduro y Flores. Rodríguez exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba de vida inmediata de ambos, al tiempo que reiteró la activación de los sistemas de defensa integral y el decreto de conmoción exterior previamente suscrito por Maduro.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, manteniendo activos los planes de respuesta ante lo que el ejecutivo venezolano califica como una violación grave de la soberanía nacional.
Analistas internacionales consultados por medios extranjeros indican que, conforme a la Constitución venezolana, Rodríguez asumiría interinamente las funciones presidenciales en ausencia de Maduro. No obstante, observadores señalan incertidumbre respecto al control efectivo sobre las fuerzas militares, dado el peso histórico del liderazgo presidencial en la estructura de poder chavista.
Contexto geopolítico y precedentes
Esta intervención directa evoca operaciones históricas estadounidenses en la región, como la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. La administración Trump había intensificado medidas en meses previos, incluyendo ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y un incremento de presencia militar en el Caribe.
Acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro por presunto liderazgo en redes de narcotráfico, con recompensas previas por su captura, sustentan el marco legal invocado para la operación. Fuentes estadounidenses indican que Maduro enfrentará cargos criminales en territorio norteamericano.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La remoción forzada de Maduro genera un escenario de alta volatilidad en los mercados energéticos globales, dado que Venezuela posee las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo. Los precios del crudo registraron alzas inmediatas en las primeras horas de negociación asiática, ante la incertidumbre sobre la continuidad de exportaciones venezolanas, actualmente limitadas por sanciones previas.
Inversores en bonos soberanos venezolanos y deuda de PDVSA enfrentan un riesgo elevado de reestructuración o impago acelerado en un contexto de transición política incierta. La posible asunción interina por Rodríguez podría mantener políticas de control cambiario y restricciones a la inversión extranjera, limitando flujos de capital en el corto plazo.
Por otro lado, un cambio de régimen podría abrir vías para el levantamiento gradual de sanciones, facilitando el retorno de compañías petroleras internacionales y una potencial recuperación de la producción, actualmente en niveles históricamente bajos. Analistas estiman que una estabilización institucional requeriría meses, con impactos en la inflación regional y en cadenas de suministro de commodities.
La comunidad internacional observa con atención las reacciones de aliados tradicionales de Venezuela, como Rusia y China, así como de organismos multilaterales, en un entorno donde la estabilidad energética global depende en parte de la evolución en Caracas.
Este evento redefine el equilibrio de poder en América Latina y plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la reconstrucción económica de Venezuela en el mediano plazo.
