Bogotá, 3 de enero de 2026. El Gobierno Nacional de Colombia anunció la preparación de un decreto para declarar estado de emergencia económica, social y ecológica en respuesta a la situación fronteriza derivada de la operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Instalación de Puesto de Mando Unificado en Cúcuta
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que su cartera liderará la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la respuesta interinstitucional. Este espacio servirá para proyectar y adoptar el decreto de emergencia, permitiendo atención integral a la coyuntura en la frontera colombo-venezolana.
El PMU facilitará la definición y ejecución de medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria, dirigidas a ciudadanos colombianos, migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades.
Prioridades en atención humanitaria
Entre las acciones principales se incluyen la garantía de acceso a servicios de salud básicos mediante centros médicos y hospitales regionales, sin distinción de nacionalidad. En educación, se coordinará con el Ministerio de Educación para asegurar el derecho a la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes.
La protección integral de menores contará con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), enfocada en población vulnerable. Adicionalmente, se fortalecerán puestos fronterizos para mejorar seguridad y capacidad de respuesta institucional.
Medidas complementarias
El plan contempla habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades, así como atención a personas de terceras nacionalidades. Estas iniciativas forman parte de una estrategia articulada que se implementará tras la declaratoria de emergencia, prevista para los próximos días.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La declaratoria de emergencia introduce flexibilidad presupuestaria para atender presiones humanitarias en la frontera, donde residen más de 2,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Costos asociados a salud, educación y albergues podrían elevarse en cientos de millones de dólares anuales, impactando el déficit fiscal colombiano estimado en torno al 5% del PIB para 2026.
Una escalada migratoria adicional generaría cargas adicionales en servicios públicos y mercado laboral informal, aunque un retorno masivo ante estabilización venezolana aliviaría estas presiones en el mediano plazo.
Volatilidad en mercados energéticos persiste, con precios del crudo Brent y WTI manteniendo alzas superiores al 7% tras anuncios estadounidenses sobre rehabilitación petrolera en Venezuela. Comercio binacional, actualmente limitado, podría beneficiarse de normalización institucional, facilitando flujos de bienes y remesas —que representan cerca del 1% del PIB colombiano—.
Inversores monitorean riesgos asociados a seguridad fronteriza y cooperación bilateral con Estados Unidos, clave para asistencia antinarcóticos y estabilidad regional. La evolución de la transición venezolana y resoluciones multilaterales definirán impactos en crecimiento andino, con proyecciones de recuperación condicionada a levantamiento gradual de sanciones y rehabilitación productiva.
Esta medida refleja la priorización gubernamental de contención humanitaria ante incertidumbre geopolítica en la región.
