Caracas, 3 de enero de 2026. La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación de gran escala en territorio venezolano que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados por vía aérea fuera del país, según confirmó el presidente Donald Trump.
Desarrollo cronológico de la operación
La acción inició alrededor de las 02:00 hora local, con múltiples explosiones registradas en Caracas y estados adyacentes como La Guaira, Miranda y Aragua. Residentes reportaron sobrevuelos de aeronaves a baja altura, incluyendo helicópteros, y detonaciones que afectaron instalaciones militares clave, entre ellas el Fuerte Tiuna —el principal complejo castrense venezolano— y la base aérea La Carlota.
Fuentes oficiales estadounidenses indicaron que la operación involucró unidades élite del Ejército, específicamente la Delta Force, responsable de misiones especiales de alto riesgo. La captura se llevó a cabo en coordinación con agencias de aplicación de la ley, con el objetivo principal de ejecutar una orden de arresto pendiente por cargos federales en Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó al senador Mike Lee que la fase cinética de la operación se diseñó para proteger al personal que ejecutaba la detención, y que no se anticipan acciones militares adicionales una vez Maduro bajo custodia.
Anuncio oficial y extracción
El presidente Trump informó a través de Truth Social que la operación fue «exitosa» y que Maduro y Flores fueron «capturados y sacados por aire del país». Trump calificó la maniobra como «brillante», destacando la planificación y ejecución por parte de tropas especializadas. Se programó una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para detallar aspectos operativos.
Informes de medios internacionales coinciden en que no se registraron bajas estadounidenses, aunque autoridades venezolanas reportaron víctimas entre personal militar y posibles civiles en los sitios impactados.
Respuesta venezolana
La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró desconocer el paradero de Maduro y Flores, exigiendo prueba de vida inmediata. El gobierno venezolano denunció la acción como una «gravísima agresión militar» y decretó estado de excepción, activando planes de defensa integral.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, manteniendo la postura de resistencia ante lo calificado como violación a la soberanía.
Contexto legal y geopolítico
La detención se enmarca en acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y corrupción, con una recompensa que alcanzó los 50 millones de dólares. Fuentes indican que Maduro enfrentará juicio penal en territorio norteamericano.
Esta intervención evoca precedentes como la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989, representando la acción directa más significativa de Washington en la región en décadas.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La remoción de Maduro genera incertidumbre institucional en Venezuela, poseedora de las mayores reservas petroleras certificadas globales. Los precios del crudo Brent y WTI registraron alzas superiores al 5% en sesiones asiáticas iniciales, ante posibles interrupciones en exportaciones ya limitadas por sanciones.
Deuda soberana y obligaciones de PDVSA enfrentan riesgos de reestructuración acelerada en un contexto de transición. Controles cambiarios podrían persistir en el corto plazo, restringiendo inversión extranjera y afectando balanzas comerciales regionales.
Un levantamiento gradual de sanciones abriría vías para recuperación de producción petrolera, con potenciales incrementos de hasta 1 millón de barriles diarios en 24-36 meses. Esto estabilizaría mercados energéticos y reduciría presiones migratorias en países receptores.
Analistas proyectan que una gobernabilidad consolidada requeriría 18-24 meses para impactos positivos en crecimiento latinoamericano, influido por dinámica energética, remesas y comercio binacional.
La evolución judicial y respuestas internacionales definirán trayectorias de riesgo para inversores en commodities y activos emergentes.
